¿La violencia amenaza regresar?

Después de los ataques a las minas Apumayo, Breapampa y Antamina, Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre, ha señalado –seguro con conocimiento de causa– que “la ola antiminera se expandirá”. El país, entonces, está notificado. Sabemos quién atenta abiertamente contra el bienestar de la población y los intereses nacionales.

En reuniones partidarias, Cerrón señala que la causa socialista compromete a todos los marxistas e izquierdistas, incluidos “los compañeros de Sendero Luminoso”. En este contexto, no es aventurado señalar que los ataques contra la minería ocurridos días atrás, tienen vinculación con el gobierno de Pedro Castillo. El senderismo cada vez se hace más visible y el mandatario se coloca de perfil frente a la escalada maoísta, que se acentúa desde el ataque a las agroexportadoras en diciembre pasado, que logró la anulación de la Ley de Promoción Agraria. Una norma que transformó la agricultura nacional (de US$ 800 millones de exportaciones en 2000 a más de US$ 7,500 el año pasado). Partidarios y autoridades como el ministro de Energía Minas, Eduardo González no condenan fehacientemente los últimos asaltos; por el contrario, los justifican. 

A nuestro entender, estos actos no son aislados, responden a una estrategia sincronizada. Los ataques a la producción nacional son semejantes a los ocurridos durante la década de los ochenta y noventa. Torres de alta tensión voladas con la dinamita que los senderistas robaban a las mineras asaltadas. Exactamente eso se ha hecho en las minas incendiadas días atrás. Los senderistas dejaron cenizas tras sus pasos, tal como hicieron en los campos agrarios y ganaderos. Tractores y maquinarias convertidos en fierros retorcidos por la explosión de dinamita, ganado muerto y personas asesinadas después de “juicios populares” contra quienes consideraban traidores –marxistas e izquierdistas opuestos a la lucha armada– o soplones que supuestamente colaboraban con los policías y militares. 

No es aventurado señalar que, con un Pedro Castillo ausente en las decisiones nacionales y funcionarios públicos sin las cualificaciones mínimas para llevar adelante el país, el marxismo extremista considera volver a sus inicios: la violencia. No por gusto subraya a un supuesto golpismo como el principal obstáculo del profesor Castillo. Además, el Congreso de la República impide por el momento sus desafueros ideológicos y los caviares han tomado el control del gobierno con la anuencia de Castillo. ¿El “partido” corregirá las desviaciones del presidente? ¿La traición es ya cuenta pendiente? 

Vale recordar que en mayo pasado, en el Vizcatán, combatientes del Militarizado Partido Comunista del Perú asesinaron a unas 18 personas, entre mujeres y niños. No fue un acto puramente moralista contra la escoria de la sociedad, según los volantes dejados en medio de la sangre. Fue un anuncio claro a los marxistas e izquierdistas de que el maoísmo está armado, con capacidad económica y que no ha abandonado la posibilidad de volver a la “guerra popular”. 

En este escenario complicado –abonado por un ministro de Transportes que, para evitar una huelga contra el gobierno, pacta con un sector de transportistas y destruye lo avanzado: carta libre a colectivos y buses precarios–, los congresistas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Somos Perú y de otras bancadas no se hacen responsables de sus votos en el Parlamento. En el triste papel de tontos útiles se preparan para las próximas elecciones locales y regionales, sin entender que los resultados serán iguales a la última elección. ¡La trafa en su versión corregida y aumentada!, si continúan en el cargo las mismas autoridades del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

Paso a paso el populismo más dañino (reforma agraria, expropiación del gas de Camisea, militares en las calles, industrialización de la coca) lleva al país al despeñadero. Mientras el “partido” planea estrategias de poder (un paso atrás para después dos adelante), volvemos a decirlo, una oposición divaga y la otra sigue oficiosa al poder de turno.