La peligrosa rentabilidad de dividir al país

El Perú vuelve a atravesar un momento de incertidumbre política. Con un escenario electoral aún abierto y un país claramente dividido entre dos opciones, el problema ya no es únicamente quién podría llegar al poder, sino qué tan profundas quedarán las heridas que esta contienda está dejando entre los propios peruanos.

Cuando una elección parte al país casi por mitades, el verdadero desafío no empieza después de conocerse al ganador. Empieza antes, cuando los partidos políticos deciden si apostarán por construir consensos o por profundizar la confrontación. Y hoy, lamentablemente, pareciera que dividir al país se ha convertido en una estrategia rentable. En medio de este clima político, se revive la idea de un Perú enfrentado entre ricos y pobres, Lima contra regiones, empresa privada contra trabajadores, como si el desarrollo nacional dependiera inevitablemente de un conflicto permanente entre peruanos.

Sin embargo, reconocer desigualdades históricas no debería significar convertirlas en trincheras políticas.Es cierto que el Perú arrastra profundas brechas sociales. Existen regiones donde el Estado llega tarde o simplemente no llega. Millones de personas sobreviven en la informalidad, sin acceso adecuado a salud, educación o empleo digno. Hay frustración, cansancio y una profunda desconfianza hacia instituciones que durante años han fallado. Pero también sería irresponsable convertir ese malestar legítimo en combustible político.

La historia demuestra que cuando la política necesita enemigos para sostenerse, la democracia empieza a debilitarse. El problema no es discutir sobre desigualdad o justicia social; el problema surge cuando el adversario político deja de ser alguien que piensa distinto y pasa a convertirse en una amenaza que debe ser derrotada. Cuando se convence al ciudadano de que el responsable de sus problemas es “el otro peruano”, mientras las verdaderas urgencias nacionales quedan relegadas. Y mientras nos enfrentamos, el país sigue esperando respuestas a los mismos problemas: inseguridad, corrupción, empleo precario, crisis educativa y un sistema de salud insuficiente.

La fragmentación social no nació en esta campaña. Es consecuencia de años de abandono estatal, centralismo y promesas incumplidas. Pero existe una diferencia enorme entre reconocer esas heridas y utilizarlas políticamente para profundizar el resentimiento. Porque gobernar un país dividido no significa administrar una victoria. Significa reconstruir confianza.

Sin embargo,hablar de unidad tampoco puede significar relativizar los riesgos políticos que enfrenta el país. La reconciliación nacional no implica aceptar cualquier alianza ni asumir que toda coalición es positiva únicamente por oponerse a un adversario. El Perú no puede darse el lujo de respaldar pactos improvisados entre sectores que, más allá de sus diferencias ideológicas, no ofrecen estabilidad, capacidad técnica ni una agenda clara para resolver los problemas estructurales del país.

Un país fragmentado no necesita más confrontación, pero tampoco experimentos políticos que terminen profundizando la crisis. El ciudadano puede estar decepcionado, y con razón, de una clase política que ha fallado demasiadas veces, pero el voto no debería convertirse en un acto de protesta sin reflexión sobre las consecuencias.

Ante este escenario de incertidumbre, la pregunta para el ciudadano y el líder es ineludible: ¿Estamos dispuestos a exigir una política que se atreva a construir sobre nuestras divergencias, o permitiremos que la aritmética del odio siga siendo el combustible de quienes prefieren ganar el poder aunque pierdan la nación?