La necesidad de cambios educativos nos convoca

Mientras nos distraíamos con temas referidos a que todos los estudiantes “aprueben” el año escolar, al retorno a la educación presencial y a la urgencia en la adquisición de las tablets, un exmiembro del Consejo Nacional de Educación, que tuvo participación directa como consejero desde el 2002 al 2020, llamó nuestra atención al escribir en Linkedin que “el Minedu no se ha atrevido a innovar en los últimos 40 años…”. Además sentenció que el Minedu “debiera ser castrado para evitar que se siga reproduciendo tal cual, con el mismo ADN educativo que ha evidenciado, de mil maneras, que es obsoleto e incapaz de cumplir la promesa de una “educación de calidad con equidad para todos”. 

Agregó que “la limitada idea de equidad que se vende últimamente, como la necesidad de dotar a todos de tablets con acceso a Internet; opacando con ello la realidad de que en todos los colegios que ya tienen Internet, computadoras y tabletas una buena cantidad de alumnos no aprenden lo que el Minedu espera de ellos. Convirtiendo a los colegios en fábricas de producción de fracasados”. Y culmina (esperemos que a manera de mea culpa e invitación a los actuales consejeros a pronunciarse), subrayando que “a juzgar de los indicadores de desempeño que suele usar el Minedu. más son los alumnos que no alcanzan niveles satisfactorios que los que sí los alcanzan”.

Lo señalado por el exconsejero tiene mucha significación, porque nos recuerda los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Nacional al 2021, “La educación que queremos para el Perú”: (1) lograr una educación básica que asegure la igualdad de oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos; asimismo, el cierre de brechas de inequidad educativa; y (2) transformar las instituciones de educación básica en organizaciones efectivas e innovadoras, capaces de ofrecer a todos sus estudiantes una educación pertinente y de calidad que les permita realizar su potencial y aportar al desarrollo nacional.

Estos objetivos están relacionados con los principios afirmados en la Ley General de Educación Nº 28044 que aluden a la inclusión (incorporación de personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades); la equidad (garantía de iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad); y la ética (una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana).

Luego de 13 años esos objetivos no solo no se han cumplido, sino que irresponsablemente fueron dejados de lado e ignorados en el Proyecto Educativo Nacional al 2036, invalidado afortunadamente con las nuevas condiciones impuestas por la pandemia Covid-19. Sabemos, como dijo Descartes, que “es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez”; y somos conscientes de los déficits en cuanto a resultados académicos, del erróneo comportamiento que asumimos  ejerciendo nuestra ciudadanía (al avalar la corrupción o determinar representantes en las elecciones) y de la marginación de sectores vulnerables que incrementan las brechas de atención, exclusión y aprendizaje. Por eso corresponde sumar nuestras voces y acción al cambio educativo que reclama el futuro del país.