La máscara anti Odebrecht

La película de terror que no quiere ver un gran sector de las elites del Perú es aquella que en diciembre de este año revelará los verdaderos nombres detrás de los 70 “codinomes”, los que presuntamente recibieron coimas, apoyos económicos para campañas electorales y otros beneficios de dudosa legalidad de la empresa Odebrecht a cambio de haberla favorecido en contratos ilícitos, adendas, arbitrajes o en leyes aprobadas en el Congreso.

En el desesperado afán para que no se llegue a saber la verdad en toda su dimensión, intentan crear otra película, pero de ciencia ficción. En esta, el guion relata una supuesta claudicación de fiscales y jueces peruanos, los que habrían impedido que el Estado recupere de Odebrecht más de S/ 1,500 millones, según sus cálculos. El argumento de ese hipotético escenario favorable –que los fiscales y jueces quieren impedir– es que resulta preferible recuperar una millonada de aquella corporación, en lugar que se reconozca toda la verdad sobre las responsabilidades de personajes peruanos en el latrocinio más grande de nuestra República. Para ellos lo importante es recuperar la mayor cantidad de dinero, incluso a riesgo de desarmar lo avanzado en las investigaciones por casos de corrupción. Es el típico raciocinio economicista elemental para intentar convencer a los incautos.

Y es que, conforme avanzan las investigaciones por diversos delitos de los casos Lava Jato, el Club de la Construcción, Los Cuellos Blancos del Puerto y, ahora, por el doloso papel de varios abogados en los procesos de arbitrajes –todos ellos ligados a conocidos estudios de abogados e incluso de prestigiosas universidades públicas y privadas– el perverso fenómeno se extiende a manera de una densa mancha de aceite tóxico, comprometiendo a lo que hasta ahora conocíamos como abogados de “prestigio” indiscutible, catedráticos “decentes” y empresarios de “buena estirpe”. Ahora ya no basta, para ellos, refugiarse en el derecho garantista, el debido proceso o los argumentos contra una supuesta campaña de persecución política. Requieren ahora la máscara de un discurso radical, supuestamente anticorrupción, para intentar desarmar todo lo avanzando y favorecer a aquellos que le dieron la luz verde, le abrieron las puertas, de par en par, a una empresa corrupta como Odebrecht y las empresas del Club de la Construcción. Otra vez, como se ha demostrado tantas veces en la historia, el ladrón grita "¡al ladrón!”.

Cada vez queda en mayor evidencia que el Perú formal decente, de las buenas formas y maneras, no era tan real como imaginábamos o nos habían hecho creer. Ese es el verdadero propósito de la campaña en contra de los fiscales y de la jueza María de Los Ángeles, por la reciente decisión de que debe devolverse a la empresa Odebrecht S/ 524 millones y que esta deba pagar diversas indemnizaciones, a proveedores y otros gastos para activar los sistemas informáticos y, de otro tipo, para entregar información a los fiscales peruanos sobre diversos personajes peruanos comprometidos en hechos ilícitos. El procurador Amado Enco, ha puesto un buen ejemplo para demostrar, en sentido figurado, en qué consiste el dilema de si devolver el dinero a Odebrecht es favorable o desfavorable para conocer la verdad. Ha dicho que si una mujer tiene un juicio con su ex marido por pago de alimentos, podría dejarse llevar por la emoción y acusarlo para que vaya preso, pero no logrará que el ex cónyuge pague la pensión de alimentos, porque no podrá trabajar. La actitud razonable será que el hombre pueda estar libre y  trabajar, y obligarlo, vía judicial, para que pague la pensión de alimentos para sus hijos.

De la misma forma, el Estado bien podría provocar la quiebra total de Odebrecht, desaparecerla, sin ninguna posibilidad de contratar en el Perú. Podría obligarla, en el papel y en una decisión judicial, al pago de más de S/ 1,500 millones por los daños al Estado peruano, a proveedores y a la sociedad por las obras paralizadas. El problema es que esa decisión no sería viable, con una empresa desaparecida, y nunca podríamos saber la verdad sobre la responsabilidad de los peruanos, de cuello y corbata, que le abrieron las puertas al latrocinio corporativo. Y tampoco la reparación civil sería una realidad, con una empresa totalmente quebrada.

La otra opción, es que sobre la base del acuerdo de colaboración eficaz que la empresa Odebrecht tiene con la justicia brasileña, se llegue a un acuerdo de la misma especie en el Perú, con esa corporación, a cambio de que brinde toda la información sobre las coimas entregadas a funcionarios peruanos. Y que, por otro lado, se disminuya el monto de la reparación civil (en este caso de S/ 524 millones), a fin de que la empresa siga funcionando y pueda pagar las reparaciones civiles y las deudas con proveedores peruanos. Es esta la modalidad por la cual optaron los fiscales y jueces peruanos que tienen que ver con los casos investigados.

Esta opción no es solo patrimonio del Perú. En el plano internacional, casi todos los estados, en casos emblemáticos de corrupción corporativa, como el de las transnacionales Volkswagen, Cemex, Enron, Olympus, Worldcom, Bernie Madoff, entre otros, adoptaron la misma decisión que la justicia brasileña y peruana tomaron frente a Odebrecht. En todos esos casos, lo primero que buscaron los estados es que toda la verdad se conozca, que caigan también las elites nativas que permitieron los fraudes contables y otros latrocinios. Incluso realizaron un riguroso seguimiento para que esas corporaciones hagan drásticas reingenierías institucionales y cambios de directivos, para evitar casos similares en el futuro. No se les ocurrió desaparecer a esas corporaciones, provocar su quiebra total, porque al final no se hubiera llegado a la verdad, ni a pagar reparaciones y daños.

Pero en el caso peruano hay un sector que, tras un enfoque economicista, demandando una mayor reparación económica, en el fondo lo que buscan es impunidad. Es en realidad una máscara para que al final no se llegue a la verdad y que no exista ningún tipo de colaboración eficaz. Promueven un relato, como si la empresa Odebrecht hubiera dirigido directamente el Estado peruano en diversas licitaciones, concesiones y contratos; cuando en realidad la galopante corrupción que se produjo, durante los últimos cuatro gobiernos, ocurrió porque funcionarios peruanos, de carne y hueso, lo permitieron con su accionar. Y es prioritariamente a ese sector al que hay que castigar de manera ejemplar, a manera de un antídoto para que esa historia no se vuelva a repetir en el futuro.