La judicialización de la política

En el 2014 el secretario general de Transparencia manifestó, en un programa dominical, que su organización encontró que de un total de 1,395 candidatos a presidentes regionales y alcaldes, 113 tenían condena judicial en el pasado por el delito de peculado, lo que implica agravio a la administración pública (sin contar otros tipos de condenas). Ello pudo ser evidenciado en las hojas de vida presentadas por estos candidatos al Jurado Nacional de Elecciones, aunque aún siguen en proceso de revisión las hojas de aquellos que han señalado que no cuentan con condena judicial alguna. Habrá que esperar para ver si existen más casos. 

De la observación presentada por Transparencia, hay que tener en cuenta que la judicialización actual de los candidatos a los gobiernos regionales y locales pasa por una reconfiguración estructural de la participación en la política peruana y mundial. Y no se debe a la militancia activa en los partidos políticos, sino a la participación colectiva o individual en temas concretos y coyunturales, como la judicialización de la política. Vale decir, lo que no se pudo lograr en elecciones, se espera lograrlo mediante un proceso judicial. A este cambio, el politólogo Rosanvallon lo ha calificado también como la “democracia de imputación”. 

Además, este politólogo señala que esto se debe también a la poca (¿o nula?) voluntad política de rendición de cuentas y de canalización efectiva de demandas por parte de las instituciones públicas. Esto lo podemos evidenciar en las condenas por peculado a los candidatos actuales al sillón municipal y regional (sin contar a las actuales autoridades políticas que están siendo judicializados).

¿Qué hacer frente a ello? Pues comenzar a revisar experiencias participativas en temas de rendiciones de cuentas y procesarlas. Solo así la judicialización tomará otra configuración política, en la que el ciudadano ejerza su derecho de control.