La democracia está bajo asedio

La desorganización evidenciada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la jornada electoral del domingo 13 de abril constituye, más que un tropiezo administrativo, una señal de alarma sobre la solidez de nuestras instituciones democráticas. La entrega tardía e irregular de material electoral a colegios del sur de Lima, sumada al lentísimo procesamiento de actas en un contexto en que la diferencia de votos entre el segundo y tercer candidato más votado es mínima, no son simples anécdotas logísticas: son fisuras que amenazan los cimientos mismos de la confianza ciudadana en el proceso.

Queda así en evidencia una distinción que, aunque técnica, resulta crucial para comprender la gravedad de la situación: la diferencia entre legalidad y legitimidad. Una elección puede cumplir formalmente con el marco jurídico vigente y, al mismo tiempo, carecer de la aceptación social que le otorga verdadera validez política. Nuestra democracia atraviesa precisamente ese riesgo: el proceso tiene legalidad, pero podría terminar perdiendo legitimidad. Para un sistema político ya de por sí frágil y cuestionado como el peruano, ese desenlace representaría un golpe de consecuencias impredecibles y duraderas.

Las irregularidades documentadas no son menores. Cuando los órganos electorales no logran garantizar la neutralidad y objetividad que la ciudadanía exige —y tiene derecho a exigir—, se abre inevitablemente un espacio para la desconfianza. Y esa desconfianza no es irracional ni malintencionada: es la respuesta lógica de una ciudadanía que ha aprendido, a fuerza de decepciones institucionales, a no dar nada por sentado. Si los resultados finales que entregue la ONPE son recibidos con escepticismo por un sector significativo de la población, ese escepticismo no nacerá de la ignorancia, sino de la evidencia acumulada.

Las consecuencias de esta crisis de legitimidad se proyectan con claridad hacia el futuro inmediato. Un gobierno que asuma el poder con su origen político puesto en entredicho no estará en condiciones de gobernar con eficacia: administrará un caos, no conducirá un Estado. Las políticas públicas que el país urgentemente necesita —en materia de seguridad, salud, educación y reactivación económica— requieren de una autoridad que no solo tenga el respaldo legal del voto, sino la confianza activa de la ciudadanía. Sin esa confianza, cualquier iniciativa gubernamental será percibida como ilegítima antes de ser evaluada por sus méritos. Peor aún, un gobierno que nazca cuestionado en su origen alimentará inevitablemente la polarización política que ha marcado y desgastado al país durante este último lustro, perpetuando un ciclo de conflictividad social del que resulta cada vez más difícil escapar. Como bien enseña la experiencia histórica: lo que comienza mal raramente termina bien.

Ante este escenario, la responsabilidad recae con todo su peso sobre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Como órgano constitucionalmente autónomo y última instancia en materia electoral, el JNE tiene no solo la facultad, sino la obligación ética e institucional de evaluar con absoluta seriedad y rigor si las irregularidades registradas justifican declarar la nulidad parcial o total de las elecciones presidenciales. No se trata de una decisión que pueda tomarse a la ligera ni bajo presión de ningún actor político: se trata, precisamente, del tipo de decisión para la que este organismo fue concebido y dotado de autonomía.

La democracia peruana ha sobrevivido a crisis mayores, pero su resiliencia no es infinita. Cada proceso electoral que concluye con dudas sin resolver erosiona un poco más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La única forma de romper ese ciclo es actuar con transparencia, valentía institucional y pleno apego a los principios que dan sentido al Estado de derecho. El JNE tiene hoy en sus manos una oportunidad —y una responsabilidad— histórica. Esperemos que esté a la altura.