¿Independencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

La misión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) es garantizar la igualdad, dignidad y libertad de todas las personas en América, protegiéndolas contra los abusos y discriminación. La Organización de Estados Americanos (OEA) es el foro político de cooperación e integración entre los países miembros de la SIDH.

La Convención Interamericana de Derechos Humanos, equivale a la Carta Magna o Constitución del SIDH, y determina los principios que los miembros deben proteger, respetar y promover. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es la instancia que investiga los casos de incumplimiento de la Carta de la OEA como organismo autónomo. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), actúa como tribunal para juzgar a los Estados que infringen los principios, garantizando la paz, seguridad y cooperación regional.

A la OEA pertenecen 35 países independientes de América; menos Cuba, cuya participación se encuentra en proceso de diálogo, luego de ser expulsados en 1962 durante la “Crisis de los misiles”. Pero la CIDH está conformada por solo 21 países y la CorteIDH por 23. Las decisiones de la CorteIDH son vinculantes (obligatorias para las partes).

Un importante tema de debate se relaciona con las fuentes de financiamiento del SIDH. El 60% proviene de fondos regulares representados por las cuotas de los países miembros y 40% son contribuciones de otras fuentes: países garantes, como España y Noruega, Estados de la región que no pertenecen a la CIDH o la CorteIDH, empresas privadas u oenegés. Este arreglo, si bien proporciona recursos al SIDH, plantea dudas y conflictos de intereses, ya que los fondos otorgados por estas fuentes son condicionados para sus propios fines. La pregunta es ¿en qué medida pueden influir en la agenda y decisiones del SIDH?

Las contribuciones para casos respaldados por financiadores externos amenazan la independencia y objetividad del SIDH. Además, los casos encomendados pueden poner en conflicto la esencia de la Carta Interamericana de Derechos Humanos.

La CorteIDH ha publicado, por ejemplo, informes para promover estándares jurídicos relacionados con la igualdad de género financiados por Canadá; a pesar de que Canadá no ha aceptado someterse a la jurisdicción de la CorteIDH. Cabe anotar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no menciona la palabra “género”, contenido interpretado con esa connotación por la CorteIDH.

En 2019, la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la CIDH publicó el informe “Protesta social y Derechos Humanos”, financiado con la subvención de Open Society Foundation de George Soros, que promueve una visión de los derechos humanos que menoscaba el derecho a la paz social, defendiendo protestas violentas y actos vandálicos que, durante 2019 y 2020, causaron muertes y destrucción en diferentes países de América.

Es por ello que se reclama una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de fondos y proyectos al SIDH; en especial sobre los ingresos extraordinarios, información que no es publicada en forma clara y oportuna. La gestión del SIDH ha sido criticada por estar condicionada por financiadores externos, lo que pone en duda la independencia y objetividad de sus instituciones. Por eso resulta necesario realizar auditorías independientes y forenses para el cumplimiento de normas éticas y deontológicas.

La función del SIDH es defender la dignidad y libertades individuales en América, luchando contra las dictaduras. Pero las dictaduras subsisten, atentando contra la esencia de la Carta de Derechos Humanos.