¿Incumplirá el Minem la decisión sobre renovables?

Los compromisos establecidos en las leyes para los titulares de los ministerios, son mandatorios, pero en el caso de las energías renovables (RER), ni el Congreso ni el Contralor General de la República parecen darse por enterados.

La Ley de Promoción de Generación de Energía Eléctrica con Recursos Energéticos Renovables (DL 1002) de mayo del 2008, establece (artículo 2.2) que cada 5 años el Ministerio de Energía y Minas (Minem) debía pronunciarse respecto a la participación de las RER en el consumo nacional, fijado inicialmente en 5%, cifra en la que se ha anquilosado desde hace 15 años. 

Según la ley, el primer pronunciamiento ministerial debió darse en mayo del 2013 y el segundo en mayo del 2018. En ambos casos, ha habido silencio absoluto ante la indiferencia unánime de los fiscalizadores; algunos pocos que opinamos públicamente lo hemos puesto en relevancia en su oportunidad. Siguiendo con el conteo quinquenal, este mes le corresponde al ministro de energía y minas, Oscar Vera, fijar la posición gubernamental, luego que su prédica mediática de ambientalismo es prolífica. 

La generación RER en el Perú ha tenido resistencias desde su publicación y luego de intenso trajín, recién en el primer trimestre del 2010 se realizó la primera subasta. Posteriormente con no poca presión de los legítimos interesados, se sucedieron 3 subastas más, siendo la última la realizada en el primer trimestre del 2016. Entre la primera y la última los precios de la generación eólica y solar cayeron drásticamente, en el primer caso en 53% y en el segundo en 78%. 

El descenso en precios ha hecho muy competitivas a las energías eólica y solar cuyo precio por todo concepto (monómico) es inferior al precio de los usuarios regulados; 52% en la eólica y 39% en la solar. Pueden competir pero requieren cambios normativos que vienen transitando por el Congreso desde hace 7 años, sin arribar a nada. 

Las autoridades de hoy deben informarse sobre el contexto en el cual se empieza a desarrollar la normativa del ambientalismo en nuestro país. Se dio en el año 2008 luego de los compromisos adquiridos en las enmiendas al TLC firmado con los Estados Unidos (EE.UU.). Estas fueron acordadas en el 2007, aprobadas en las dos instancias del Congreso estadounidense y permitió la puesta en vigencia del tratado en febrero del 2009. Con esos antecedentes el gobierno aprista de la época pidió facultades al Legislativo y emitió diversos decretos legislativos (DD.LL.).

Dos fueron los DD.LL. trascendentes: la creación del Ministerio del Ambiente (DL 1013) y la Ley de Promoción de la Inversión en Generación Eléctrica con Recursos Energéticos Renovables (RER), que se publicó mediante el DL 1002. Aún estaban las expectativas planteadas en el Protocolo de Kioto (1997) y lejos de los compromisos vinculantes que se firmaron en el Acuerdo de París en el 2015, en el desarrollo de la COP 21. 

No solo es el pronunciamiento citado lo que compete al Minem, sino también la actualización normativa, hay tecnologías que se consideraron en el 2008, que no se han podido desarrollar como: la mareomotriz, descartada porque no tenemos características marítimas con grandes diferencias de alturas entre marea alta y baja; y la geotermia, que necesita una legislación ex profeso, pero que no ha sido desarrollada por el elevado costo de su producción. 

Adicionalmente han aparecido otras tecnologías como la eólica marina, la electromovilidad y el hidrógeno, que necesitan tratamiento normativo especializado, no es suficiente reunir a funcionarios ministeriales, se requiere recurrir a la cooperación técnica internacional

Esperamos que no sea la tercera vez que desde el Minem ignoren las obligaciones y que además sigamos relegados por falta de conocimientos de la innovación.