Incapacidad e ilegalidad

Dando una mirada general y ligera al panorama político del país, no podemos dejar de reconocer que se cumple, de alguna manera, ese dicho antiguo que reza así: “Dios los crea y ellos se juntan”. Nada es más real que lo que vivimos respecto a que, en un momento de nuestra historia, se han unido la incapacidad y falta de valentía de la autoridad, junto a la ilegalidad de las acciones que pretende entronizar la máxima autoridad electoral.

Es decir, que en este momento histórico de nuestra vida republicana tendríamos que haber aprovechado la circunstancia del Bicentenario para una reflexión madura que, partiendo del sueño fundacional, nos permitiera plantear una visión de futuro, indispensable por cierto. Pero otros intereses subalternos, ajenos y disruptivos, nos impiden esa reflexión y nos llevan a vivir una de las etapas más aciagas que nuestra memoria generacional puede recordar. Estamos en una severa crisis económica, de educación, salubridad y valores, y a todo ello se agrega la voluntad de que prime la desorientación, la confusión y tremendos niveles de insatisfacción y frustración que, vistos desde una perspectiva apocalíptica, podrían orientarnos al caos total.

Y teniendo autoridades supuestamente legítimas, ellas se escudan en burdos y pueriles legalismos, para evitar plantar cara a la crisis y asumir la responsabilidad que la historia les deberá reconocer pues se es autoridad no para trastocar el orden y menos para ser timoratos, negligentes, asustadizos y en exceso previsores de su propio enjuiciamiento colectivo.

Si esa hubiera sido la actitud de nuestros héroes, nunca hubiéramos logrado las victorias reales y morales que el Perú ha obtenido; nunca hubiera habido un Miguel Iglesias que, contra viento y marea, pronunció en “Grito de Montán”, sabiendo que cumplía su deber aun sin contar con el menor respaldo de la “clase dirigente”. Nunca se hubiera asumido el riesgo de la operación Chavín de Huántar que, no obstante la inconcebible persecución de que son aún objeto algunos de sus comandos, y sabiendo ese riesgo, se lanzaron a liberar no solo a los cautivos, sino a todo el Perú del terror que se vivía. Si Bolognesi o Ugarte, hubieran sido timoratos y hubieran medido al milímetro las consecuencias personales de sus propias acciones, hoy no los tendríamos encumbrados al nivel de heroísmo que la sociedad entera les reconoce. Y nuestra historia habría sido del todo distinta. Y no menciono al glorioso Miguel Grau porque él, en sí mismo, reúne todas las cualidades del heroísmo, y por respeto a su insigne figura, no requiere de un solo adjetivo adicional.

Entonces, ¿qué pasa con las autoridades actuales que por temor (¿a quién?) evitan asumir las acciones legales que corresponde y que tienen en sus manos? ¿Qué temen los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, que poseen argumentos más que suficientes para dar al mundo una lección de dignidad y ejercicio del poder y aplicación de la norma para dar por nulas las elecciones realizadas? ¿Es que acaso no se percatan de que la ilegitimidad es más grave que cualquier otra acción que ellos pudieran tomar como decisión final? Es motivo de aguda decepción y poca confianza que el argumento que dan es la necesidad de cumplir el cronograma electoral. ¿Es esa acción administrativa la que prima en sus decisiones, o debería primar el coraje para decir la verdad y actuar en consecuencia?

¿Qué teme el circunstancial presidente, que parece atemorizado porque un grupo de ciudadanos que habiendo sido miembros de las Fuerzas Armadas están ya en el retiro y, por lo tanto, son dueños de su más absoluta libertad para opinar; y lo hacen en tanto han vivido en carne propia los horrores que ven se avecinan nuevamente al Perú? ¿Por qué no les agradece la franqueza que se expresa en esa comunicación que, lejos de llamar a acciones inconstitucionales, deja ver que hay puertas legales abiertas, valorando los sentimientos y percepciones que un grupo selecto de personas comparte con objetividad?

¿No podría ser todo eso una oportunidad de grandeza, valentía, decisión y coraje? De poner una vez más al Perú en uso de su libertad absoluta y declarar al mundo que no queremos elecciones fraudulentas ni infiltradas; que los cambios que el país reclama no se logran con el machete ni con el agravio. Y en uso de facultades especialísimas, deberían proponer un nuevo y total proceso electoral en el que, por supuesto, no podrían ya participar aquellos que no pasaron la valla y que renunciaron a ser parte de los partidos/nodriza a los que se acogieron por irresponsable conveniencia.

Decisiones facilistas y sustentadas en el temor, no pueden ser la conclusión de quienes han asumido responsabilidades mayores. Mejor sería que dieran un paso al lado y manifestaran sus miedos personales, antes que cometer la afrenta de enlodar más su nombre, desprestigiar más su investidura y someter al país, voluntaria y cobardemente, a un universo de totalitarismo y retroceso que significará cualquier cosa, menos progreso, ni igualdad, ni mejora ni inclusión, ni desarrollo.