¿Hubo fraude? ¿Por qué callar?

A pesar de estar acostumbrados a enterarnos (mediante denuncias) de acciones indecorosas o indignas que comprometen al primer mandatario y su entorno más cercano, no deja de impactar lo relacionado con el fraude electoral que denunciara el empresario Zamir Villaverde. Al ser excarcelado, Villaverde entregó a la Fiscalía documentación que sustentaba ese fraude y que develando serios indicios de utilización de operadores por Pedro Castillo, para que la gestión de Jorge Salas Arenas al frente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo declare ganador de los comicios del 2021. El mencionado denunciante señala que el presidente del JNE coordinó el fraude electoral en Huaral, en una reunión en la que estuvieron presentes Vladimir Meza, Silvia Barrera y Bruno Pacheco, el prófugo ex secretario general de Palacio.

Al tratarse esa reunión de una intervención ilícita en un proceso electoral con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales –ya sea aumentando la cantidad de votos del candidato favorecido, disminuyendo las de los candidatos rivales, o ambas cosas, y constituir una vulneración de los derechos ciudadanos, por haber modificado la voluntad nacional– no se trata de un delito de menor cuantía que pueda ser ignorado. Por el contrario, en el marco señalado por el abogado colombiano Luis Gabriel Carrillo Navas, "si admitimos una derrota en elecciones con fraude electoral, sin luchar, no somos cobardes sino cómplices". Esto amerita, junto a un acelerado esclarecimiento, la sanción correspondiente de los involucrados.

La democracia ha sido gravemente herida, por lo que se pone a la orden del día la exigencia de la renuncia del presidente Castillo. Además, a este hecho, gravísimo de por sí, se suman muchos más –presuntos delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo– que ameritaron que la Comisión de Fiscalización y Contraloría proponga a la Comisión Permanente del Congreso, al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución, que formule Acusación Constitucional ante el Pleno contra el presidente Pedro Castillos.

La defensa de Castillo no tiene mayor significado que el de la complicidad; por ello importa comprender la afirmación del filósofo estadounidense Sam Harris: “La mayor parte de las formas de degradación personal y maldad pública se desencadenan y sustentan con la mentira. Los actos de adulterio y demás deslealtades personales, el fraude económico, la corrupción gubernamental… hasta el asesinato y el genocidio suelen requerir un defecto moral adicional: la disposición para mentir”.

Entonces, sabiendo que los corruptos no tienen amigos sino aliados, debemos sacudirnos de la deshonra, asumiendo que el país necesita un presidente que, al gobernar con idoneidad, dé sustento a una sociedad afirmada en el bien común. Un presidente que preocupado por los intereses de los peruanos centre su interés en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Un presidente que dé sentido real a la gobernabilidad, asegurando el ejercicio de derechos a quienes conforman la sociedad peruana. Un presidente que, enalteciendo la democracia, respete el Estado de derecho.

Por ello, junto a la urgente demanda de renuncia de Pedro Castillo y la convocatoria a nuevas elecciones, exijamos la inmediata dimisión de los presidentes del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ellos, con su cuestionada participación en esas elecciones, han demostrado una conducta antipatriótica, y no son garantía alguna para las cercanas elecciones de gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales.