Esto debe terminar

Nuevas denuncias envuelven al presidente Kuczynski, y junto con ellas nuevas mentiras ante una comisión parlamentaria, que ponen su situación —que ya era delicada— en una gravedad que ya obliga a tomar decisiones. Lamentablemente, este problema parece no tener cuando definirse. El Congreso sigue en su plan de receso, la comisión Lava Jato se reúne una vez por semana, a pesar de la complejidad de los temas que investiga, y no logra aún hacer sentir su peso, pareciendo que la Fiscalía es quien le marca la pauta.

¿A cuántas empresas que han invertido en el Perú han asesorado PPK y su socio Sepúlveda? ¿Y cuantas de ellas llegaron cuando PPK ocupaba un puesto en el Estado? ¿Cuantas se han visto beneficiadas con decisiones del Gobierno en el que participaba PPK? Son preguntas que merecen una respuesta urgente, que no pueden esperar que sean las pruebas las que obliguen al Presidente a declarar.

El Perú no se merece esta situación. Los peruanos nos hemos sacrificado ordenando nuestra economía y pagando impuestos, mientras que unos pocos han logrado dirigir el Estado para beneficiarse de ese desarrollo económico. Siempre habrá quienes utilicen el presupuesto público para su beneficio. ¿Cuántos alcaldes con una riqueza antes desconocida puede señalar usted? ¿Cuántos presidentes regionales que cambian de casa, que compran vehículos de lujo? ¿Cuantos congresistas que llegan al Parlamento con un discreto patrimonio y salen de ahí prósperos y ostentosos? ¿Cómo explicar la prosperidad de nuestros ex presidentes de la República?

Esto debe terminar. Hace menos de veinte años nuestro país demostró que podía enfrentar a una serie de funcionarios que tomaron el aparato estatal para su beneficio. Se juzgó desde al presidente de la República, su todopoderoso asesor, ministros, congresistas, generales y un gran grupo de burócratas, que terminaron en prisión. Lamentablemente quienes los reemplazaron, que en el discurso luchaban contra la corrupción, no fueron sino más de los mismo.

Solo entre la investigación que se conoce como Lava Jato, que afecta a empresas y políticos brasileños que extendieron su operación en el país, y la del llamado “Club de los Constructores”, se ha involucrado a los últimos tres gobiernos, e inclusive al presente. ¿Qué se ha hecho? Muy poco. Tanto así que las constructoras peruanas siguen contratando con el Estado como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque así lo han decidido el Gobierno pepekausa y el parlamento fujimorista.

Pero mientras el Estado parece no inmutarse, el sector privado trata de tomar distancia. Así lo han anunciado líderes empresariales como Roque Benavides o el presidente de Asbanc, en decisiones que saludamos. Y el presidente Kuczynski sigue actuando como si nada hubiera pasado, ganando tiempo, sin tomar conciencia de la gravedad de su situación. Pero tarde o temprano esto cambiará.