Estado de emergencia, ¿y luego?

Las posiciones contra la minería que tienen en la defensa del medio ambiente su punto central de protesta se han ido incrementando en los últimos tiempos, al ser avaladas y utilizadas como bandera de lucha por grupos políticos que, sin saber por qué, dicen asumir posiciones antisistema. Ellos, no muy lejos de los mineros ilegales o informales, acrecientan los perjuicios de esta actividad y han captado a ciertos dirigentes que asumen la representación de una población generalmente desinformada de las ventajas o beneficios de la explotación minera encadenada a proyectos de desarrollo local o regional. 

Es el caso de las demandas y paralizaciones en las regiones de Arequipa, Cusco y Apurímac contra el funcionamiento de las empresas mineras ubicadas en el Corredor Vial Sur: MMG Las Bambas, Hudbay, Antapaccay y Tía María, entre otras, cuya principal exigencia es el cierre de las mismas. Ignoran que dicha actividad constituye un factor importante en el crecimiento económico del país y que los ingresos percibidos por el Estado han posibilitado a nivel nacional la reducción de la pobreza, así como el incremento de servicios como salud y educación a nivel nacional, entre otros. Actitudes que inciden en la disminución de los ingresos y el cumplimiento de inversiones del Estado en beneficio de la población.

En los acontecimientos mencionados, respuestas poco oportunas por parte del Estado, junto a la limitada efectividad de las mesas de diálogo, así como la permisividad en cuanto a los excesos de los actores sociales e incumplimiento de algunos compromisos por parte de las empresas y del propio gobierno, acompañados por la desinformación, abonaron en su radicalización, obligando a la declaratoria de estado de emergencia por 30 días. Una medida extrema y perentoria, que si bien se limita a posponer la situación de confrontación, demanda la elaboración de un plan estratégico y acciones concretas para abordar los desencuentros y asegurar la gobernabilidad.

Ahora bien, en el marco de ratificar la continuidad de la economía social de mercado, otorgar seguridad a los inversionistas mineros, dar tranquilidad a la población, a la par de corregir autocríticamente errores en el manejo de la conflictividad, se entiende la designación de la exministra Paola Bustamante Suárez como alta comisionada para el Diálogo y el Desarrollo en el Corredor Vial Sur, encargada de proponer un modelo de gobernanza y coordinar la acción intersectorial y multinivel del Estado en articulación con la sociedad civil y el sector privado. Tarea difícil que se resume en el logro del equilibrio entre los diferentes intereses comprometidos en dicho conflicto. 

Es de entender que en un escenario de crisis e inestabilidad política, surjan las desconfianzas y suspicacias, más aún cuando la credibilidad en la administración estatal ha disminuido notablemente. Sin embargo, consideramos que resulta poco serio personalizar y cuestionar esta disposición como una salida oportuna para abordar las desavenencias presentes en el corredor vial sur. Se espera, sí, que la alta comisionada y su equipo encuentren, para bien del país, salidas apropiadas a la conflictividad social, a través de iniciativas diferentes a las ejecutadas. Iniciativas oportunas, inteligentes y alejadas de la intolerancia y partidismo, a fin de evitar que el encuentro entre desarrollo y paz, se convierta para mal de todos en un intento fallido más.