España: Pedro Sánchez amenaza con dimitir

La asociación Manos Limpias denunció a la esposa del presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción. Manos Limpias es una organización que suele presentar denuncias contra funcionarios públicos (entre las más relevantes de acuerdo con el contexto actual, se debe resaltar aquellas relacionadas con los acuerdos de Sánchez con los autonomistas catalanes). Se acusa a Begoña Gómez de ejercer influencia en el Consejo de Ministros para la aprobación de financiación de empresas, sobre todo el especial vínculo con una de ellas que recientemente fue rescatada por el Gobierno (caso Air Europa) y los contratos adjudicados a un empresario quien posteriormente organizó un Máster (en el Africa Center) dirigido actualmente por la esposa del presidente del gobierno.

Pedro Sánchez suspendió sus actividades mientras evalúa su renuncia. Hace unas horas presentó una carta a la opinión pública española rechazando los ataques contra su esposa Begoña Gómez y preguntándose (introspectivamente) si “merece la pena” continuar. El Ministerio Público ya pidió el archivo de la causa

En la misma carta Sánchez alega que es víctima de un complot de la derecha y la ultraderecha. Sumándose al discurso de la izquierda española, lo que viene ocurriendo bajo la particular lectura de Sánchez, sería una suerte de continuación del presunto lawfare que sufrió Pablo Iglesias y la persecución judicial que padecieron los independentistas catalanes. Esta narrativa es muy cuestionable, ya que hace también unas pocas horas, la pareja de la presidente de la Comunidad de Madrid y lideresa del Partido Popular (PP), Isabel Díaz Ayuso, propuso un acuerdo a la fiscalía para ir ocho meses a la cárcel y pagar 525000 euros por dos delitos fiscales y así evitar, de esta forma, ir a juicio. En ese sentido, es contradictorio que Sánchez afirme que sigue creyendo en la justicia de su país, pero, al mismo tiempo, desliza la idea de presunto o supuesto lawfare en su contra mediante el acoso judicial a su esposa.

Sánchez amenaza con dimitir porque aún no dimitió o tal vez no piensa hacerlo. Es posible, como sostienen analistas españoles, que aproveche esta situación para retener la atención mediática en un escenario de adelanto de elecciones (luego de someterse a una cuestión de confianza en la Cámara de Diputados regulado por los artículos 112 y 114 de la Constitución Española) que le otorgue más poder o, lo que es más grave, pueda ser la justificación para una arremetida contra la frágil institucionalidad española que, años del gobierno del PSOE con sus cuestionados aliados, puso en vilo y rompió la larga tradición de la Transición Española. Sánchez podría hacer de esta situación una cuestión de estado, utilizando los mecanismos legales para ir “por todo”.

Con esta jugada, Sánchez pretendería, como sostenemos, intentar ganar más poder (se vienen elecciones importantes en el calendario político español, como las elecciones catalanas del 12 de mayo). Pero, no debemos soslayar, que con esta victimización está entrando a una dinámica muy peligrosa. Si Sánchez lo hace como cónyuge molesto por los ataques a su esposa, olvidó que los políticos están sometidos a un umbral de crítica mayor que los ciudadanos de “a pie”. Sánchez no es un político novel, tiene mucho “rodaje” en la política española. Por tanto, la posibilidad de una victimización con fines políticos cobra mayor contundencia. Los analistas políticos contrarios al gobierno sostienen que Sánchez podría ejecutar un pogromo en el Poder Judicial bajo el pretexto de una presunta democratización e intervenir en los medios de comunicación.

Con la acusación de lawfare, Sánchez está cuestionando la imparcialidad del sistema legal. Si el presidente del gobierno cuestiona a los tribunales españoles, que pensará el ciudadano común, las empresas, los grandes inversionistas. Socavar un poder del estado es un acto que genera consecuencias. Y parece que es la nueva moda. Nosotros hemos venido manifestando que muchas veces las críticas al Poder Judicial tienen asidero, es decir cuentan con una evidente justificación: estamos en un momento de crisis sistémica y el poder judicial también es emplazado por su politización, la figura nefasta del juez “activista” del neoconstitucionalismo, la ineficiencia, las barreras para un mayor y mejor acceso al sistema de administración de justicia y por lo que la ciudadanía percibe como un sistema de injusticia (la justicia sería para unos pocos, no para las grandes mayorías). Es tradición en la alta política europea que, cuando un político, o un familiar cercano, es cuestionado de esta manera y su caso abierto en sede judicial, dar un paso al costado en tanto duren las investigaciones. Esto es así porque se juega la legitimidad del gobierno, pero también por la necesidad de evitar cuestionamientos sobre posibles entorpecimientos en las investigaciones por parte de la esposa del hombre más poderoso de España, luego del Rey. El lunes, Pedro Sánchez deberá manifestar que decisión tomó.