En regímenes coyotes

Con frecuencia leemos sobre esa subespecie humana particularmente depredadora que llamamos “coyotes,” sujetos sin escrúpulos que viven de la desesperación de quienes buscan tener una vida mejor para sí y los suyos. 

Estos sujetos no tienen piedad. Trafican con personas haciéndolas enfrentar innumerables peligros, terminando muchos, secuestrados, violados o asesinados. Es un sucio negocio internacional, de miles de millones de dólares, en el que tiene una gran participación el crimen organizado, entidad presente en más de un gobierno en el hemisferio. 

Es prudente preguntarse si esa actividad fue en principio una invención de gobiernos de mentalidad criminal o de simples delincuentes que siempre están a la busca de una mayor fortuna. El cuestionamiento es consecuencia de la reciente decisión de la dictadura nicaragüense de desterrar a 222 prisioneros políticos, un acto que confirma que los tiranos del castrochavismo no respetan ni sus propias leyes. 

Esto de soltar prisioneros políticos para conseguir algún beneficio de carácter político o económico fue una práctica que Fidel Castro instituyó en la década del 1960 cuando puso precio a la cabeza de todos y cada uno de los prisioneros de la Brigada 2506. Después, cada vez que un influyente senador de Estados Unidos viajaba a Cuba e intercedía por algún prisionero, el dictador le regalaba algunos de sus esclavos. Igual sucedía con los pocos dirigentes políticos iberoamericanos que se interesaron por los que se pudrían en las ergástulas del tirano caribeño. Hasta el nobel Gabriel García Márquez, fue gratificado por su amigo Castro con un esclavo, el ya desaparecido prisionero político Reinol González. 

Los regímenes castrochavistas dictan leyes particularmente represivas, cuyos resultados directos son la muerte o el encarcelamiento. Sin embargo, las quebrantan con extrema facilidad si hay algún beneficio de por medio, porque todos esos jerarcas comparten la avidez de los coyotes. 

Por supuesto que estos destierros, además de buscar beneficios económicos, tienen en la mira ganancias políticas. La dupla Ortega-Murillo procura con el destierro de los prisioneros políticos una aproximación al Gobierno del presidente Joe Biden, que al parecer –tal y como hiciera el ex presidente Barack Obama–, está a favor de un acercamiento con los despotismos que imperan en el hemisferio. Quizás con la ingenua idea de que los malos ceden ante los buenos ejemplos. 

Los prisioneros políticos son un subproducto de la represión, el mayor distintivo del castro chavismo. Para lograr un absoluto control social es imprescindible el castigo, por eso en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia hay prisioneros políticos que –en la mayoría de los casos– no han incurrido en delito alguno: han sido sancionados por el derecho de pensar y opinar sin hipocresía, un crimen para los autócratas que gobiernan esos países. 

Lo peor es que usan la represión como instrumento de castigo, además de simular cambios. La vesania de estos regímenes radica en condenar a una gran cantidad de personas sin motivo alguno con el objetivo de quebrarlos;, a veces, excarcelarlos en masa y desterrarlos, con el fin de recibir beneficios del gobierno que los acoge. O al menos hacer pensar a los tontos útiles que la dictadura está cambiando por exiliar prisioneros que no cometieron delitos, comentaba el escritor José Antonio Albertini. 

La mejor constancia de esta afirmación se remonta a la llegada a España de varios prisioneros de la Primavera Negra de Cuba, algo parecido a lo que hicieron los Ortega. En aquella ocasión la eurodiputada María Muñiz, de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, dijo a DW-WORLD: “Hay que apreciar este gesto de Cuba… esto va a permitir que se pueda cambiar en un futuro próximo la Posición Común de la Unión Europea hacia Cuba”. Ella pasaba por alto que los prisioneros fueron sancionados injustamente, tal y como ocurre con los desterrados nica. 

No es justo que se premie a los tiranos por rectificar sus crímenes. El autócrata iraní ayatolá Alí Jamenei indultó a prisioneros por las protestas que motivaron el asesinato de la joven Mahsa Amini; y según algunos rumores, el castrismo excarcelará a protestantes del 11 de julio del 2021. Estas injusticias no deben ser premiadas por los gobiernos democráticos declarando que hay cambios y otorgando beneficios, cuando la dictadura en realidad está aprestando las prisiones para recibir a nuevos inocentes.