En Barbadillo: separar el trigo de la paja

Alberto Fujimori fue condenado por los casos Barrios Altos y la Cantuta. La autoría mediata aparece en la sentencia por falta de pruebas incriminatorias a pesar de que los implicados fueron presionados (chantajeados) por emisarios del Gobierno de Alejandro Toledo. Ninguno lo señaló, pero el caso fue armado estirando las normas jurídicas. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Fujimori “tenía que saber”, “estaba obligado”, “era responsable” de cada movimiento de los soldados y los policías. 

Un informe de Kroll Inc. –consultora experta en ubicar fortunas ilegales– fue ocultado por no hallar en el mundo “negocios, activos e intereses comerciales” de Fujimori, familiares y círculo de confianza: probables intermediarios, políticos, empresarios y otros. El ex ministro de Justicia de Toledo, Fernando Olivera (quien hizo carrera política atacando a Alan García), supo del informe, declarado “secreto de Estado” para evitar que sea utilizado en procesos judiciales. Asimismo, supo de los vladivideos de varios aliados de Toledo, los que después de incautados fueron ocultados, y fue partícipe de las cartas enviadas al Vaticano con el fin de desprestigiar al cardenal Juan Luis Cipriani.

Fujimori es un preso político. Confiado en su inocencia, apostó por la defensa legal en lugar de la política. Nunca recusó a los jueces que debía recusar. Nunca fue condenado por delitos de “lesa humanidad”, porque no figuran en la sentencia; no obstante, la progresía insiste con la mentira. 

Pedro Castillo es investigado por el Ministerio Público por encubrimiento personal y organización criminal, por el golpe de Estado y la intención de cerrar las instituciones nacionales, excepto el Jurado Nacional de Elecciones (sus autoridades mantendrían sus puestos por leales al pensamiento estalinista: “no importa quién vota sino quien cuenta los votos”). Numerosos colaboradores de la Fiscalía delataron a Castillo. Captó congresistas para protegerse políticamente y utilizó el Ministerio de Vivienda para ejecutar obras encargadas a constructoras de su entorno. Los congresistas captados impulsarían esas obras para mejorar su imagen en sus lugares de origen. Castillo no es un preso político. Intentó fugarse a México después del golpe. Siendo presidente organizaba fuerzas violentistas que, durante el vandalismo insurreccional, ocasionaron muertes. 

Alejandro Toledo es acusado de recibir sobornos millonarios e incluso se confirmó la participación de la madre de Eliane Karp, esposa de Toledo, es parte de la trama. Es decir, el matrimonio Toledo -Karp como parte de la trama. Durante el toledismo fueron liberados terroristas, las consultorías y asesorías iniciaron entonces una larga data de despilfarro de presupuesto, y la regionalización improvisada significó el quiebre de la unidad nacional.

Pero el mayor daño ocasionado al país es el espaldarazo a la progresía y sus falsas “narrativas”. Por esa progresía, “no se conoce las cosas como son en sí, sino solo la manera en que aparecen” (Immanuel Kant). Ni defensor de la democracia ni luchador social, como se pintaba, el “cholo de Harvard” organizó persecuciones políticas contra los fujimoristas. El antifujimorismo eligió como presidentes a Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, todos investigados por la Fiscalía. Sólidas pruebas de receptación de dinero los acorralan. 

Ubicarse fuera de lo políticamente correcto significaba ser un apestado, un corrupto, un cómplice. Y así, las leyendas urbanas contra Fujimori, e incluso contra Alan García, se esparcían con asombrosa facilidad.