El problema no es el voto, es quién se presenta

Bartolomé Herrera no andaba con rodeos. Cuando hablaba de “gobierno de los capaces” y defendía que el poder debía recaer en los “mejores”, no estaba celebrando una aristocracia de apellidos, sino recordando algo elemental: gobernar es una tarea moral e intelectualmente exigente, no apta para cualquiera. Así, su énfasis en la educación cívica y en la formación intelectual de las élites políticas partía de una intuición que es más que necesaria rescatar: cuando quienes mandan no saben qué es la República, la República se disuelve.

Hoy, frente al desencanto con la democracia peruana, la respuesta estándar de los “eruditos de escritorio” es casi un reflejo: “falta más democracia”. Así, las premisas biensonantes de “más participación”, “más consultas”, “más mecanismos directos”, “más voz ciudadana” se repiten tal cual mandamientos de una religión secular, sin entender que se está inflando la carcasa democrática sin preguntarnos qué entra dentro. Votamos más, intervenimos más, opinamos más; pero no necesariamente elegimos ni producimos mejores gobernantes. Por esto es que el peruano no se siente ciudadano, pues su experiencia cotidiana le dice que la política no está en manos de gente responsable, sino de improvisados, mentirosos o aventureros. Entonces, pedirle que “se comporte democráticamente” mientras el sistema le ofrece esa oferta es pedirle un acto de fe que ya no está dispuesto a conceder.

Aquí conviene hacer una distinción que el discurso oficial borra a propósito: la diferencia entre democracia como procedimiento y democracia como régimen de calidad. Que todos votemos no garantiza, por sí mismo, que surjan buenos gobiernos. La calidad de un régimen democrático depende de al menos dos cosas: ciudadanos mínimamente informados y élites políticas mínimamente formadas. En el Perú, el énfasis se ha puesto casi exclusivamente en el primer extremo —con premisas como “educar al elector”—, mientras se ha renunciado a exigir estándares a quienes aspiran a ser electos. 

Por eso la pregunta de fondo no es si debemos “dar más democracia”, como repiten los dogmáticos, sino dónde necesitamos introducir criterios de exigencia y selección. No se trata de suprimir el voto ni de levantar barreras elitistas entre el pueblo y las urnas; se trata de elevar la vara para quienes piden representar al pueblo. Aquí entra en juego la noción, tan demonizada como mal entendida, de epistocracia: la idea de que el conocimiento —no solo técnico, también moral y cívico— debe tener algún peso en el acceso al poder.

La propuesta, planteada desde la Nueva Derecha consciente de su urgencia, no es convertir el Congreso en un club de tecnócratas que sólo le rinden cuentas a los expertos. Es algo más sencillo y saludable: dejar de actuar como si cualquiera, con cualquier hoja de vida, estuviera igualmente calificado para legislar sobre presupuesto, seguridad, educación o relaciones internacionales. Hablamos desde el sentido común: así como no dejaríamos que nos opere alguien que nunca pisó una facultad de medicina, no deberíamos entregar la conducción de la res pública a personas que nunca han demostrado comprensión mínima de lo público.

¿Cómo se traduce esto en reformas concretas? En primer lugar, en los partidos políticos. Mientras sigan siendo cascarones electorales sin doctrina, sin vida orgánica y sin escuelas de cuadros, cualquier requisito legal será cosmético. Un partido serio debe funcionar como una fábrica de dirigentes: exigir militancia real e ideológica en el tiempo, formación mínima acreditada en temas de Estado, y evaluación ética de sus aspirantes a liderazgo. Sólo quien ha pasado por ese circuito debería estar habilitado para subir en la estructura y siquiera ser considerado como potencial candidato. Esta lógica obliga a abandonar la práctica del “jalado de figuras” de último minuto y a volver a la idea clásica del partido como escuela de ciudadanía avanzada.

En segundo lugar, es necesario repensar el propio diseño del Congreso. No para reducirlo a una tecnocracia, sino para favorecer la presencia de perfiles con oficio político: Para cualquier postulante debería ser obligatorio acreditar estudios superiores completos, experiencia en gestión pública o privada, trayectoria ética comprobable, y liderazgo en espacios de representación como gremios, colegios profesionales, asociaciones vecinales u organizaciones civiles formalizadas. Todos estos son caminos para introducir criterios epistocráticos en la base del sistema, sin tocar el voto universal.

Quienes se escandalizan ante cualquier propuesta de este tipo suelen partir de un mito: que toda forma de exigencia es “antidemocrática”. Lo cierto es lo contrario: una democracia que no exige nada a sus élites termina siendo un cascarón vacío donde la voluntad popular se limita a escoger, cada cierto tiempo, entre distintas variantes de la mediocridad. Si el peruano se comporta, muchas veces, como sujeto desconfiado, como usuario del sistema antes que como ciudadano, es porque el sistema le ha enseñado que su voto suele traducirse en decepción.

La salida no es menos democracia, pero tampoco es “más de lo mismo”: es democracia con filtros en la cúpula, con partidos que formen cuadros, con requisitos que desanimen al oportunista y animen al competente. No para excluir al pueblo, sino para que el pueblo, por fin, pueda elegir entre opciones que estén a su altura. Ese es el paso indispensable si de verdad queremos construir, mañana, una gran unidad patriótica de peruanos de bien y no solo una rotación infinita de caudillos de turno.