El problema está en la SUNAFIL

La muerte de dos estudiantes en una sede de McDonald's, en Pueblo Libre, ha puesto en debate el tema de las condiciones de funcionamiento de las empresas en el Perú. Sobre todo de aquellas que tienen franquicias y que, en el papel, deberían tener una adecuada seguridad, en correspondencia con el prestigio. Lo que se olvida es que en Lima y en todo el Perú hay millones de empresas –medianas, grandes y pequeñas– que trabajan en pésimas condiciones. El caso McDonald´s solo debería ser el espejo de un fenómeno más extendido. 

La indignación ciudadana ha sido muy fuerte, y no dejan de propalarse los comentarios que relacionan esta situación con un supuesto capitalismo salvaje. Pero muy pocos concentran su atención en buscar cuál es la causa de fondo: la ausencia de un sistema eficiente de inspecciones laborales. Si en el Perú, los trabajadores trabajan en malas condiciones no es culpa per se de las empresas, sino del hecho de que el Estado no cumple su función fiscalizadora. Las empresas deben desarrollar estrategias y programas de responsabilidad social y laboral, pero es el rol fiscalizador del Estado el que está fallando.        

El caso mencionado solo refleja un problema estructural en la relación, funcionamientos de empresas versus sistema de fiscalización estatal. La base de este problema radica en que la Superintendencia Nacional de Inspecciones Laborales (SUNAFIL) tiene un funcionamiento centralista y burocrático, como un ente que se encuentra en las nubes, totalmente divorciado de la compleja realidad de los diversos territorios económicos de Lima y otras partes del país. En cualquier país civilizado y medianamente desarrollado del planeta, las inspecciones laborales de las empresas no están a cargo del Gobierno nacional, sino de los gobiernos regionales y locales. En el caso de Colombia, por ejemplo, funcionan las direcciones territoriales de inspección laboral, y el gobierno nacional tiene el rol de rectoría. Pero son las municipalidades, y en el caso del gobierno metropolitano de Bogotá, el ente que dirige la acción operativa de los inspectores.   

En el caso del Perú, en julio de 2018 se produjo un retroceso. El Poder Ejecutivo, en lugar de fortalecer el rol rector y normativo de la SUNAFIL, de conformidad con el enfoque que planteaba la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), y fortalecer las competencias que le correspondían a los gobiernos regionales, terminó, a través de la ley N° 30814, por volver a concentrar a nivel central esas competencias para crear un aparato burocrático centralista de inspección laboral, dependiente del Poder Ejecutivo, por un periodo de ocho años. Hasta julio de 2018, en teoría, la Dirección Regional de Lima Metropolitana de SUNAFIL debió pasar a la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero con la referida ley se retrocedió a un enfoque centralista. 

En un país con alto predominio de las pequeñas y micro empresas; donde las grandes empresas tipo McDonald´s descentralizan su funcionamiento por la propia lógica de comportamiento de los consumidores en territorios específicos, el Estado dio un paso atrás al imaginar que creando un enorme aparato burocrático de fiscalización laboral podría mejorar esta situación. Y ahí están los lamentables resultados. El Estado no se percata de que, crecientemente, las propias grandes empresas crean diversas unidades económicas –en regiones, distritos, espacios económicos de alta demanda de servicios– por un elemental estudio sobre el crecimiento de las centralidades económicas. Yo me pregunto, ¿cuántos establecimientos de McDonald's, KFC, Burger King, Pardo's Chicken, Don Belisario y otras tantas marcas hay en Lima Metropolitana y en las principales ciudades del Perú? ¿Puede un aparato centralista de fiscalización laboral ser eficiente para atender esta lógica extendida de venta de comida rápida? Es imposible. ¿Puede desarrollar un rol preventivo para evitar que sucedan situaciones dramáticas como las ocurridas en Pueblo Libre? Tampoco es posible.       

Cierto es también que ni al alcalde de Lima (que debe tener competencias de gobierno regional; pero no las tiene, ni las quiere asumir) ni a los gobiernos regionales del interior de paí les interesa ocuparse de las inspecciones laborales en su respectiva jurisdicción. Por eso, de manera pasiva aceptaron la modificatoria de la ley que les daba esas competencias. Poco a poco, el Gobierno nacional se hace cargo nuevamente de esas atribuciones y, como es obvio, de la crítica de la opinión pública, mientras los alcaldes y presidentes regionales se frotan las manos, al haberse sacudido del problema.   

Lo aconsejable es caminar en dos direcciones para fortalecer un sistema integrado, pero descentralizado, de inspecciones laborales: por un lado, la SUNAFIL como ente nacional debe fortalecer sus funciones de rectoría, capacitación, generación normativa y de supervisión en todo en todo el Estado. Por otro lado, y simultáneamente, deben ser los gobiernos regionales en estrecha relación con las municipalidades provinciales, los que deben tener la capacidad operativa diaria y preventiva de fiscalización laboral en sus territorios. Ese debe ser el caso, también de Lima Metropolitana. Si son los gobiernos regionales y locales los encargados de promover el desarrollo económico en sus respectivos territorios, ellos deberían ser los más competentes para desarrollar las inspecciones laborales. Y la SUNAFIL, como ente nacional, debe respirarles en la nuca para supervisar su labor con la puesta en ejecución de un moderno sistema de información rápida.     

El Gobierno nacional acaba de promulgar importantes medidas de protección laboral en el sector privado, tal como se puede notar con el “Seguro de Vida Ley”, el que deberá aplicarse desde el primer año del contrato de trabajo. Ha endurecido las sanciones a las empresas donde se produzcan accidentes por faltas de medidas de seguridad, que en el extremo podría llegar al cierre por 30 días de una empresa. Le ha dado S/ 43 millones adicionales a la SUNAFIL para fortalecerla institucionalmente. Pero ninguna de estas medidas será efectiva si no funciona un sistema eficiente de inspecciones laborales. Al revés, estas recientes medidas pueden convertirse en una nueva fuente de informalidad.