El objetivo principal de la reforma política

Devolver la credibilidad y la decencia a la política peruana

El proceso de elaboración de proyectos para la reforma política y electoral se parece a una junta médica multitudinaria, en la que terminan prevaleciendo los internos sin experiencia y los visitadores médicos logran incorporar los productos de sus laboratorios al tratamiento del paciente. Por hacer un listado completo de todos los achaques del paciente, se olvidan de cuál era la enfermedad principal. Y seguirá agonizando, pero con banda gástrica y un maravilloso implante de cabello.

En el escenario político, ¿cuál es la enfermedad del paciente? La posible respuesta sería la debilidad estructural del sistema de partidos, integrado esencialmente por agrupaciones electorales, desechables y temporales, que no convocan una determinada visión ideológica ni programática, no participan en la formación de líderes ni de corrientes de opinión, y solo son integradas por unos pocos amigos cercanos del líder. La voluntad de la Constitución de 1993 coincide con la necesidad urgente de fortalecer a los pocos partidos existentes y promover que las actuales agrupaciones se fusionen y conviertan en partidos de verdad, para que los electores tengan una garantía en la marca partidaria, y los postulantes sean depurados por la respectiva maquinaria.

Revisando las actuales propuestas nos asalta una primera pregunta: ¿es realmente importante la democracia interna para elegir candidatos, tal como está la situación? En los partidos, las elecciones internas suelen ser motivo de divisiones profundas; en las agrupaciones temporales, son una broma, pues solo participan el estrecho círculo amical que goza de la condición de militante. Acaso podría ser una buena idea para debilitar las cúpulas partidarias cuando los partidos se fortalezcan, pero no ahora. En verdad, la mejor forma de elegir un candidato es apelando al focus group y encuestas. La necesidad de elecciones internas es apremiante, en todo caso, para elegir a los dirigentes nacionales, que son quienes deben asumir la responsabilidad de seleccionar bien o perder el cargo por ineficientes.

Una campaña presidencial es sumamente costosa, por culpa del alto precio de la publicidad televisiva. En lugar de incidir en la forma de financiamiento, que no se va a poder controlar, se deben tomar medidas para limitar el gasto, aumentando la publicidad electoral en canales nacionales y limitando severamente la contratación privada. Eso sí, la no presentación del informe financiero debe ser motivo para la anulación del registro, pues la sociedad tiene el derecho de conocer al detalle la naturaleza de los aportes. Bajar la valla de las firmas o establecer más barreras para la participación electoral, podría deslegitimar los futuros procesos, en los que se deberían mantener las actuales reglas de juego.

¿Y la enfermedad? Devolver la exclusividad a los partidos nacionales en los procesos regionales y locales. La experiencia ha indicado que es más fácil postular por una lista independiente, sin rendir cuentas a nadie, que por un partido, obligado a cumplir decenas de disposiciones. En parte, la corrupción de varios gobiernos regionales se debe a la ausencia de controles internos de un partido nacional. En esa línea, se debería otorgar autoridad para que el partido nacional fiscalice a sus gobernadores, alcaldes y regidores; y hasta denunciarlos ante el MP y el JNE en caso de corrupción, para reemplazarlos por los accesitarios del mismo partido.

Finalmente, si se quiere devolver credibilidad y decencia a la política, se debe excluir a los candidatos con algún proceso penal abierto. Restringir el derecho a la participación es perfectamente proporcional y racional en una sociedad que necesita confiar en su clase dirigente.

Ernesto Álvarez Miranda