El comunismo destruye la minería nacional

Para Walter Aduviri la extracción del litio en Macusani, Puno, debía hacerla el pueblo de manera artesanal, con pico, lampa y carretilla. El encarcelado ex gobernador de Puno fue parte del eje comunista junto a Vladimir Cerrón, Gregorio Santos y Verónika Mendoza, antes de que los dos primeros también fueran sentenciados por el Poder Judicial. Fue entonces cuando surgió la candidatura presidencial de Pedro Castillo.

Influenciado por Evo Morales, Aduviri le puso el ojo al litio. El plan era entorpecer la exploración minera, de la misma manera como se hizo con el proyecto de plata Santa Ana, cancelado después del aymarazo en 2011. Las protestas violentas e incendios de locales públicos en Puno, con un saldo de cinco muertos, tenían ese objetivo. El yacimiento explorado debía ser abandonado por el concesionario. En su lugar, los mineros artesanales se harían cargo de su aprovechamiento. 

Por esos años, mientras la mayoría de peruanos sentía ser parte de la nueva clase media, una estrategia antiperuana avanzaba a paso firme. Diversos proyectos mineros –como Conga, en Cajamarca, y Tía María, en Arequipa– fueron detenidos. El lema “Agua sí, oro no” se extendió como reguero de pólvora. El proyecto de fosfatos –mineral base para la fabricación de fertilizantes– en las alturas del valle del Mantaro también fue paralizado por personas extrañas del lugar.

Para crear percepciones adversas a la minería, la izquierda y el marxismo inventan conflictos ambientales y desentendimientos entre los trabajadores, pobladores y empresas mineras. El comunismo busca espantar a la minería formal, de talla mundial, innovadora y respetuosa del medio ambiente y de las costumbres locales. Como en Chile, una nueva Constitución plantea cambiar el modelo económico para crear una minería estatal, controlada por la cúpula comunista, dueña de toda actividad extractiva, sea artesanal o grande.

Así como Santos y Castillo crearon rondas campesinas de norte a sur y con fines políticos –fuerza de choque del comunismo–, asimismo se organizan federaciones de mineros artesanales en las comunidades de influencia minera. En Cusco, la mina Constancia es atacada ferozmente y sus terrenos concesionados invadidos. Personas extrañas reclaman “su derecho a trabajar en el territorio de sus ancestros”.

En 2011, los mineros informales le dieron su voto a Ollanta Humala. En 2013, Daniel Urresti, siendo jefe del Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, dinamitó la maquinaria de mineros informales e ilegales. La destrucción de los activos no detuvo su avance. Y como en el narcotráfico, se crearon círculos de criminalidad. Las oenegés ideológicas, que controlan el sector Ambiente, inventan normas imposibles de cumplir, dando pie a ese incremento de la informalidad. 

En la costa de Ica y Arequipa numerosas concentradoras clandestinas procesan minerales. El negocio abre el apetito a cualquiera con conocimientos metalúrgicos y químicos. No es solo extracción, sino también procesamiento.

La muerte de 14 personas en Atico sucedería tarde o temprano, allí o en otro lugar. Los denuncios mineros antes de ser cancelados por la ausencia de actividad productiva son entregados o invadidos por mineros artesanales o subconcesionarios que tienen conocimientos, recursos, mercado y tecnología, aunque sea incipiente. Como en el tráfico de terrenos –donde son estafados y extorsionados los más pobres–, los balazos deciden quién se adueña de los terrenos, al margen del Estado de derecho.

La estrategia comunista es clara. Crear caos y zonas liberadas de la autoridad. Establecer actividades “artesanales” para el “pueblo organizado” y hostilizar a la actividad formal, obligándola a abandonar sus concesiones. La “tregua” de 30 días otorgada por los “comuneros” para reiniciar operaciones en Las Bambas (Apurímac) indica quién manda allí.