Dos víctimas de los mineros ilegales

Hace pocos días, el representante de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, José Luis Agüero, solicitó la interdicción de los extractores ilegales de minerales que operan en el denominado Cerro el Toro, en Huamachuco (región La Libertad). ¿Qué sucedió? Dos niños, de 11 y 12 años de edad, conocidos como Julián y Jordi, perdieron la vida como consecuencia de la activación de los explosivos que transportaban por encargo de los extractores ilegales de minerales. Las víctimas se suman a los 70 fallecidos que la Defensoría ha registrado en los últimos tres años en dicha localidad por motivos relacionados a esta actividad.

¿Cuántas voces de protesta se han escuchado por lo acontecido con los menores y las otras víctimas? ¿Cuántas marchas legítimas y pacíficas de indignados hemos visto en las calles? Ninguna. Algo parece no estar bien en nuestra escala de valores cuando se silencia la muerte de inocentes niños o de adultos que no encuentran en sus zonas de origen una oportunidad de trabajo digno que les permita garantizar su integridad, recibir una compensación adecuada y financiar el desarrollo local, regional y nacional.

Los extractores ilegales de minerales aprovechan para sí mismos recursos de la nación que deben beneficiar a todos los peruanos. De ellos es imposible afirmar que cumplen las normas ambientales o el reconocimiento de los derechos de quienes emplean. Cabe preguntarse por qué no se avanza en el proceso de formalización de estos extractores. Y por otro lado, qué legitimidad tiene el titular de un denuncio para mantener motu proprio sin oponer una concesión. Si existiese especulación, hay que evitarla, porque eso perjudica a la nación.

Otro tema que genera inquietud es, por qué existen organizaciones, de diverso tipo –con financiamiento inclusive extranjero–, que dedican todos o gran parte de sus esfuerzos a seguir a quienes sí cumplen, en el desarrollo de la actividad minera, con las normas administrativas, los derechos laborales de los trabajadores y la legislación ambiental. En tanto que ante hechos como lo sucedido en Cerro El Toro, o lo que habitualmente se registra en Madre de Dios y otras localidades del país, donde la extracción ilegal de minerales promueve inclusive la trata de personas, no hay mayor expresión que un simple comunicado.

Lo que está en cuestión es el doble rasero: silencio ante héroes anónimos, inocentes e infantes que realizan un trabajo –el que fuere–, con la finalidad de apoyar la economía de sus respectivas familias (tal como ocurre en el Cerro El Toro) y la agitación exultante ante el desarrollo de proyectos mineros formales. Recordemos lo sucedido con el proyecto aurífero formal Tambogrande, en Piura, que se frustró con el argumento de que nos quedaríamos sin limones, mangos y ceviche. Lo cierto es que la campaña antiminera allanó el camino para el ingreso de los extractores ilegales.