¿Cuestionando el modelo económico?

Casi inmediatamente de la asunción del cuarto presidente en el período 2016-2021, una serie de protestas, que comprometen a los sectores más activos de la economía nacional “enrarecieron” aún más la coyuntura de inestabilidad que vivimos. Trabajadores agroindustriales, mineros y ciudadanos comprometidos con actividades turísticas tuvieron notoriedad a través de tomas de carreteras en el norte, centro y sur del país, exigiendo una serie de reivindicaciones. 

En la región Ica, trabajadores del sector agroexportador, exigieron la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, demandando la inmediata “suspensión” del  Decreto de Urgencia 043-219, aprobado por el Ejecutivo del ex presidente Vizcarra, que extendía por 10 años la vigencia de la Ley mencionada, en tanto su interés por los bajos salarios que perciben, es pasar al régimen general de trabajo. A esta acción se sumaron los trabajadores agroindustriales de Virú y Chao de la región La Libertad logrando  la derogatoria de la ley, sin saber lo que vendrá.

Simultáneamente un grupo de mineros de la región Pasco, al haber sido afectados por un cese colectivo en la empresa Nexa Resources Atacocha, acamparon cerca a la sede del Congreso y exigían la reposición en sus puestos de trabajo y su ingreso al campamento minero que ocupaban. Un asunto que resulta preocupante, en tanto similar situación afecta a trabajadores de las empresas Argentum, Austria Duvaz y Minera Corona, asentadas en la región Junín. Entre tanto pobladores del distrito  Challhuahuacho en la región Apurímac paralizaron el corredor vial sur (corredor minero), exigiendo el cumplimiento del Decreto Supremo N° 005-2016, pues dicen adolecer de escuelas, hospitales y carreteras. Adicionalmente solicitan el pago de impuestos, y por tanto del canon minero, por parte de la empresa MMG Las Bambas, así como el cambio de la Constitución Política.  

De otro lado, en la provincia de Urubamba, región Cusco, el comité de lucha del distrito de Ollantaytambo informa la realización de un paro preventivo el 14 de diciembre, por el maltrato y discriminación de las empresas operadoras del tramo Cusco-Machupicchu. Plantean el incremento de frecuencias del tren local, la rebaja de pasajes, el inicio de un procedimiento sancionador por parte de OSITRAN contra la empresa Ferrocarril Transandino S.A. y la caducidad del contrato. Igualmente la revocatoria de permisos de operación por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra las empresas operadoras Perú Rail S.A. e Inca Rail S.A. 

Estas protestas, que pueden ser justas o no, en un contexto electoral se prestan a manipulaciones para lograr resultados políticos favorables, aprovechando las negligencias y atrasos del Poder Judicial y el temor del Ejecutivo frente a las movilizaciones. A eso se suma la irresponsable facilidad con que el Legislativo deroga y aprueba leyes, sin el menor interés en los efectos económicos, políticos y sociales. 

Si bien los actuales conflictos –que comprometen a  sectores agroindustriales, extractivos y turísticos– pueden tener diferentes valoraciones, importa considerar, por un lado, que colisionan con las prioridades del Gobierno de transición (reactivación económica, tratamiento de la pandemia, elecciones transparente); y por otro,  insinúan  un cuestionamiento al patrón económico predominante. Evidencian posibilidades reales de articulación entre actividades extractivas, agroindustriales y  turísticas,  sugiriendo un modelo de complementariedad que favorezca nuestro progreso. Un asunto a  considerarse con sensatez, cuando las necesidades de una reactivación económica y el incremento del empleo lo demandan.