Contra la disciplina partidaria

El sistema político peruano está enfermo y enfrenta una enorme crisis. Muchos abordan este problema sentenciando que la debilidad y la precariedad de los partidos políticos constituye uno de sus principales factores. Critican que al ser electos los congresistas puedan tener una conducta “transfuguista”, cambiando de camiseta, conformando una nueva bancada o transitando hacia otra. Además, señalan que una forma de elevar la calidad de los partidos es empoderar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), otorgándole cada vez más dientes para controlar y para exigir cada vez más requisitos formales a las organizaciones políticas. Esto constituye lo que llaman “fortalecer a los partidos políticos”.

Inclusive los liberales, que critican la sobrerregulación y sus perjuicios hacia la formalidad, pasan a apoyar con fervor estas medidas cuando se trata de los partidos. No ven que elevar los requisitos —cantidad de firmas necesarias, elecciones internas, permisos, entre otros— lo único que hace es crear una barrera de acceso de la ciudadanía a competir con los partidos políticos vigentes. Es una barrera legal tan criticable desde el punto de vista liberal como lo puede ser un monopolio, una patente, o una licencia de funcionamiento. Es una protección contra nuevos competidores que puedan discutir el “mercado electoral”. Y el JNE, que establece esta barrera, está conformado de modo corporativista: el Colegio de Abogados de Lima —ni siquiera la Junta de Decanos de los colegios a nivel nacional—, junto a las universidades públicas y privadas, la Junta de Fiscales Supremos y la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hacen todas estas instituciones, ninguna de ellas elegida por voto popular, poniendo los filtros de la participación política?

Concebir el “fortalecimiento de los partidos” como una valla que eleve el costo de constituirlos es ir por un pésimo camino. Se estima que constituir un partido cuesta entre uno y dos millones de dólares. ¿Quién puede pagar eso en el Perú? Caudillos con ‘plata como cancha’, corruptos o grupos mercantilistas. Esa es la realidad. Y al tener ellos el monopolio de presentar candidaturas —en el Perú están prohibidos los candidatos independientes—, lo que resulta es que si uno desea postular debe subordinarse a alguno de estos grupos de poder preexistentes. La oferta restringida por el JNE, que crea artificialmente un oligopolio, conduce a que el pueblo no elija a sus representantes, y solo los ratifique en listas previamente diseñadas en función de los favores ganados al interior de los partidos. ¿Por lo tanto, a quién obedece un congresista cuando es electo? ¿A sus votantes o a quien lo colocó en la lista? Claramente lo segundo.

Por dos largos periodos de la historia el Apra fue declarado ilegal por el gobierno peruano. ¿Dejó por ello de ser un partido político? ¿Dejó por ello de representar a una porción de los peruanos? No. El reconocimiento del poder de turno de qué es o no un partido, a través de regulaciones, solo contribuye a crear cascarones legales —como sociedades anónimas— que una vez que se constituyen son arrendadas al mejor postor. Las elecciones terminan siendo una mera ratificación popular en favor de cascarones al servicio de caudillos financiados por una pequeña oligarquía. ¿Dónde está el vínculo entre el representante y el representado? En el éter. En la pura buena voluntad de quienes controlen los partidos. El pueblo no existe. Por eso, es cuestionable que exista una verdadera democracia en el Perú, más parece existir una oligarquía que se reparte proporcionalmente los resultados electorales.

La elección popular por distritos uninominales y por mayoría, la obligatoriedad de que los partidos sean de alcance nacional —como contrapartida a la eliminación de requisitos innecesarios—, la reforma del JNE, la revocatoria distrital de los diputados, la renovación por tercios o mitades, la bicameralidad, y permitir las candidaturas independientes son todas medidas que deben evaluarse para resolver los problemas de fondo del sistema político. Se debe fomentar que el distrito —o mónada electora, como la califica el jurista Antonio García-Trevijano en su “Teoría Pura de la República”—, sea el que fiscalice el ejercicio del poder. Y no que todo recaiga en la mera voluntad de los caudillos. La ‘disciplina partidaria’ termina siendo la justificación y la perpetuación de una oligarquía disfrazada de democracia. No debe extrañarnos, por ello, que hoy veamos un 70% de desaprobación presidencial. La vacancia depende exclusivamente de cuatro o cinco caudillos comprados. ¿Y el pueblo? Bien, gracias.