Conflictos sociales: PPK o la continuación humalista

Los tres errores del Ejecutivo en los sucesos de Apurímac  

Luego de que Humala y el nacionalismo ganaran las elecciones en el 2011, ni la más célebre pitonisa hubiera adivinado el nivel estratosférico de improvisación y desgobierno que actualmente existe. Quizá ya no es atrevido sentenciar que el último quinquenio humalista fue una oportunidad perdida para el país. No obstante, en los últimos días —desde el gobierno— se han cometido tales yerros, improvisaciones y desgobierno que no hacen extrañar a la gestión humalista. Nadie duda del nivel de los tecnócratas que acompañan a PPK; pero quizá una de las primeras tareas del gobierno —sobre todo del PCM Fernando Zavala— es reenfocar las prioridades, porque todo indica que han olvidado la política para darle atención solo a la economía.

Ahora bien, uno de los errores más clamorosos que tuvo el gobierno nacionalista fue la gestión de los conflictos sociales alrededor de los proyectos extractivos, sobre todo en minería. Ni Conga en Cajamarca ni Tía María en Arequipa salieron adelante porque el gobierno nacionalista jamás tuvo una estrategia integral de llevar el Estado a las alturas. Quizá con lo poco visto hasta ahora en cuestión de manejo y gestión de los conflictos sociales, sea suficiente para juzgar que este gobierno tampoco tiene una estrategia para reducir y gestionar los problemas con las poblaciones y comunidades aledañas a los proyectos y las empresas mineras.

¿Por qué decimos esto? La primera razón la encontramos en la extraña reacción del ministro Carlos Basombrío cuando, en un intento poco decoroso, culpó a algunos oficiales de la Policía Nacional del Perú por los hechos de violencia en Apurímac, las protestas contra el proyecto Las Bambas. Parece que el titular del Interior se olvidó que su primera obligación no es encontrar culpables entre los efectivos policiales, sino asumir responsabilidades políticas. De hecho, es inexplicable que Basombrío intente eximirse de sus responsabilidades, porque él es el jefe del Interior. El ministro dice que el oficial Juan Sarango asumió una responsabilidad que no debía, sin embargo también dice que la investigación está en inspectoría. ¿En qué quedamos? Colocar en el centro a algunos oficiales de la Policía Nacional solo genera mayor debilidad en una institución que ya está muy desprestigiada, y deja el campo abierto a un grupo que recurre a la violencia y que nada tiene que ver con las comunidades aledañas (Fuerabamba o Challhuahuacho) a Las Bambas.

La segunda razón es la terrible actuación de Jorge Villacorta, otrora asesor presidencial en prevención y control de conflictos sociales, en una reunión con comunidades nativas en Loreto, las que protestan por la contaminación de la estatal petrolera Petroperú. Villacorta no solo pierde los papeles, sino que además se atreve a gritar a los representantes nativos, haciendo gala de una conducta totalmente impropia para un caso como este. Hace exactamente todo lo que un encargado de dialogar no debe hacer. Así, se nota de forma clara que en el más alto nivel no hay ninguna estrategia para el manejo y la gestión de los conflictos socioambientales.   

La tercera es la desacertada opinión del jefe de la Oficina de Conflictos de la PCM, Rolando Luque cuando indica que un “software” podría ayudar a prevenir y manejar un conflicto. Menuda idea. Con lo visto hasta el momento no es atrevido pensar que estamos frente a un gobierno en el que cabían todos los adjetivos positivos que engañaron a más de uno, como aquel “de lujo”, pero que —de no cambiar el paso— va directamente al fracaso nacionalista. En todo caso, la política es un arte y ya es hora de que el PCM Fernando Zavala se ponga el traje de artista. Ahora es cuando.

Iván Arenas