Azuzando conflictos

La falta de acuerdo entre dos o varias personas constituye de por sí un conflicto, y cuando involucra a grupos mayores enfrentados, compromete a la sociedad. A esta circunstancia la Defensoría del Pueblo la caracteriza “como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia”. Los desacuerdos son constantes en el país; sin embargo, llama la atención su presencia en el período de crisis sanitaria motivada por la pandemia. El reporte del mes de julio de la institución mencionada, da cuenta de 192 conflictos, señalando 142 como activos, entendidos como demandas públicas, formales o informales, planteadas por alguna de las partes o por terceros; y 50 como latentes, vale decir, que permanecen ocultos, silenciosos o inactivos. 

Más del 60% de esos conflictos son de naturaleza socioambiental: desencuentros relacionados al control, uso o acceso al ambiente y sus recursos, guardando relación con aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. Hay también otros de naturaleza laboral que, esperando un catalizador, permanecen en estado latente. Es el preocupante caso del magisterio, “desarmado” de posibilidades de cercanía física, debido al trabajo remoto desde sus hogares, “desmotivado” por su desintegración orgánica, sin claridad sobre una plataforma que les permita revalorar su rol educativo, y sin mirar en una misma dirección.

Somos conscientes de que, en la actualidad, reactivar la economía y superar los efectos de la pandemia constituyen dos ejes importantes que requieren de un clima de paz y tranquilidad, exenta o minimizada en cuanto a conflictos. De modo que para asegurar niveles básicos de gobernabilidad, es al mismísimo Gobierno al que menos debe interesar la promoción de conflictos. De allí que resulte poco comprensible la emisión por el Minedu de la R.M. 326-2020, renunciando en la práctica a seguir gestionando las Instituciones Educativas estatales; generando lógicas y esperadas reacciones de las dirigencias sindicales, en tanto la defensa de la educación pública constituye bandera de lucha en la identidad magisterial. 

El CEN del SUTEP, esperando un acuerdo nacional, adelanta:

La Resolución Ministerial N°326, busca facilitar convenios entre el Ministerio de Educación con empresas privadas para que éstas puedan financiar económicamente las necesidades que el Estado debe cubrir”; el Sindicato Magisterial Cusqueño señala: “exigimos la inmediata derogatoria en todos sus extremos de este dispositivo privatista, caso contrario estaremos rompiendo las disposiciones de la cuarentena asumiendo medidas de fuerza …, las consecuencias que puedan acarrear estas luchas del magisterio peruano junto a los PP.FF y al pueblo, será de única y exclusiva responsabilidad del Minedu y del Gobierno.

Asimismo, el grupo más beligerante presidido por Castillo, mediante un pronunciamiento de los Movimientos Sociales del Perú anuncia:

Saldremos a las calles junto a los maestros en defensa de la educación pública gratuita el día 16 de septiembre del presente año”. De este modo, empiezan a sonar “tambores de guerra”.

El Ministerio de Educación, al azuzar a padres y maestros, ha encontrado con dicha resolución la mejor oportunidad para provocar justas reacciones y desestabilizar al Gobierno. Evitar el escalamiento de este conflicto pasa por su derogatoria, en tanto inoportuna y atentatoria contra la tranquilidad que requerimos en las actuales circunstancias. Y también por el relevo del ministro, invitado hace buen tiempo, por desaciertos acumulados, a dar un paso al costado.