Armas no letales para las municipalidades

Cada semana contemplamos cómo los policías municipales, fiscalizadores y serenos son agredidos brutalmente por grupos de informales, quienes muchas veces utilizan a delincuentes para evitar que las municipalidades pongan orden en la ciudad. Ahora son grupos de delincuentes venezolanos los que aparecen como protectores de mafias de grupos informales en distintas actividades: el comercio ambulatorio, el transporte informal o las invasiones de terrenos. Generalmente la policía interviene cuando las agresiones ya se han hecho realidad. 

La violenta agresión a los policías municipales de la Municipalidad de Surco, utilizando, incluso, bombas molotov, es un hecho muy grave y muestra una tendencia de agresividad en alza, mientras el personal municipal no tiene cómo defenderse. Los sectores informales, que se oponen al ordenamiento, se unen a grupos de mal vivir porque saben que el personal de las diversas unidades municipales está totalmente desarmado, y saben que la PNP acudirá al lugar con mucho retraso, cuando la agresión ya se ha efectuado.

Eso no ocurre, por cierto, cuando los operativos se producen con apoyo de la PNP, pero eso requiere varias semanas de preparación y aprobación por parte del respectivo mando policial superior. El apoyo de la policía a las municipalidades en las diversas acciones para ordenar la ciudad es mediato, nunca inmediato. Mientras la informalidad avanza cinco calles en su ocupación de la vía pública o los mototaxis instalan cinco paraderos informales, la municipalidad desarmada recupera dos en cada caso. Entonces, nunca se logra ordenar la ciudad. 

Cuando la municipalidad quiere recuperar amplios espacios públicos tiene que hacerlo con cientos o miles de policías y con una alta logística; como se ha logrado en Gamarra, en Los Olivos o en Ceres (Ate), más recientemente. Pero como sabemos, esos operativos no se pueden desarrollar cada semana, ni siquiera cada mes. En consecuencia, la informalidad corre como la liebre y la recuperación de los espacios públicos a paso de tortuga. 

Esta grave situación, que tiende a agudizarse, vuelve a plantear un tema central en el que el alcalde metropolitano, Jorge Muñoz, tuvo una pésima decisión al inicio de su gestión: la necesidad que el personal de la Policía Municipal o el Serenazgo cuente con armas no letales y que tenga capacidad de contención o acción rápida, y potestad para detener a los ciudadanos que se opongan a la autoridad municipal, para hacer más eficiente su labor y competencias. Esta propuesta, hecha por los anteriores alcaldes metropolitanos, ya había empezado a materializarse, pero una pusilánime decisión del actual alcalde de Lima la dejó sin efecto como iniciativa. 

En el propio Congreso de la República, en la Comisión de Defensa y Seguridad Ciudadana, ya se había aprobado, en junio de 2019, un proyecto de ley sobre este tema; pero el paso atrás dado por el alcalde de Lima neutralizó esa iniciativa. El proyecto aprobado estipulaba el uso de armas no letales por parte del serenazgo, entre ellas el uso de lanzadores de bola de pintura y municiones de goma, gas pimienta (spray de defensa personal) y los bastones o varas de metal. 

Es cierto que, de aprobarse en el futuro una ley de esta naturaleza, deberían aprobarse medidas preventivas para evitar los abusos en la utilización de las armas no letales y la propia arbitrariedad que puedan cometer los alcaldes o gerentes. En primer lugar, se debe ampliar las potestades de los regidores de los concejos municipales para que tengan capacidad de interpelación y censura cuando se utilicen indebidamente las armas no letales. En segundo lugar, debería aprobarse un reglamento y un protocolo sobre este uso. Finalmente, cobraría mayor sentido la creación de una escuela metropolitana de serenazgo para lograr una formación integral de los serenos municipales, de tal manera de lograr una adecuada actuación en momentos críticos, cuando inevitablemente se tiene que hacer uso de las armas no letales. 

Estas medidas preventivas permitirían evitar el abuso de las armas no letales, por parte del personal municipal, en el supuesto de retomarse el proyecto de ley aprobado en el Congreso el año pasado. No son contradictorias con la firme convicción de que las municipalidades requieren fortalecerse operativamente para actuar contra esta creciente agresividad de los sectores informales. Paralelamente se requieren políticas más ambiciosas para promover la formalización del comercio informal y del transporte público. 

No basta con crear islas de modernización y orden, como Gamarra, mientras están rodeadas por miles de informales en calles conexas, ahí donde debería intervenir el gobierno metropolitano y los ministerios de Trabajo, Produce y Mincetur, pero no lo hacen. La autoridad firme de las municipalidades no es contradictoria con una vocación de diálogo con aquellos sectores informales que aspiran a pasar a una situación de legalidad y crecer económicamente. En Lima y en otras ciudades del país hay numerosas experiencias exitosas de formalización, que se deben replicar. 

Es imposible imaginar una mega urbe tan grande y policéntrica como Lima Metropolitana, sin la existencia de una policía local o, a falta de esta, un sistema metropolitano de serenazgo lo suficientemente empoderado. Y es sobre ese tema que el alcalde de Lima tiene una posición débil, sin propuesta e indiferente, mientras los alcaldes distritales se fajan para ordenar sus diferentes espacios territoriales. He ahí otra muestra de un gobierno metropolitano, cada vez ausente y débil.