Ante el desastre ecológico, más silencio

Cuando Lima despertó el sábado 15 al horror de lo que significó el derrame de petróleo sucedido en la zona norte de la ciudad, no imaginamos ni la magnitud del drama de se iba a vivir, ni la severidad del desastre y mucho menos que eso fuera a ocasionar, una vez más, el silencio del gobierno y la lentitud de respuesta de las partes.

Como ciudadana uno puede entender que un accidente puede suceder pero hay algunos asuntos asociados a lo sucedido que son alarmantes y, por qué no decirlo, ofensivos al país, a nuestro frágil medio ambiente y a cada uno de nosotros.

Es del todo inaceptable la inicial información aparentemente no tan exacta que fue dada por la empresa respecto a la magnitud del derrame y la reacción inicial de ella tuvo pues es de su responsabilidad lo que ha sucedido. Inicialmente se nos habló de unos pocos barriles y eran, aparentemente y hasta donde se ha sabido, varios miles los derramados y ante ello lo más grotesco es haber visto cómo esa empresa, en una muestra de falta de responsabilidad, empatía, prudencia y solvencia, se permitió enviar a un puñado de trabajadores a “barrer”, literalmente pretender barrer, el petróleo que empezaba a aparecer y a extenderse en la playa, premunidos tan solo de escoba y recogedor. Queremos imaginar que, en efecto, tomarán medidas más eficientes pues la empresa ha anunciado que van a tratar de recuperar el “petróleo sobrenadante” que es lo que debió empezar a hacer no bien ocurrido el accidente.

Ese solo hecho inicial de tener una reacción primera tan poco efectiva debió haber ameritado una acción valiente y contundente del Estado; una aplicación abierta y pública de sanciones, una actitud gubernamental de repudio y exigencia. Si bien es cierto que el alcalde de Ventanilla estuvo en un primer momento como algunos congresistas, la ausencia inmediata del Estado se hizo patente. La Cancillería emitió un comunicado al respecto, aun sin ser una materia de su puntual competencia, pues en otros temas guarda silencio, pero no lo hicieron así ni la autoridad de El Callao, ni el Ministerio de Energía y Minas, ni el Ministerio del Medio Ambiente y mucho, mucho menos el jefe de Estado que se limitó a sobrevolar la zona. Esto habría sido adecuado si como consecuencia de esa observación, su indignación por el daño causado se hubiera manifestado de manera rotunda y si su preocupación por el creciente daño en las costas del norte de Lima, se hubiera convertido en un reclamo hacia los responsables. Las autoridades empezaron a aparecer pero con tardanza y con cero opciones y propuestas en la mano.

Se trata de una contaminación gravísima que, de acuerdo a lo que ha informado OEFA, se han afectado no menos de 1.73 millones de metros cuadrados, con el agravante de que lo que se reportó en un primer momento como sucedido, se desdecía con la realidad que se empezaba a vivir ante la expansión de la marea negra que a la fecha ha afectado entre otros a los sectores de Santa Rosa, la playa de la Marina, La Pampilla, Ancón, Miramar, Positos, las costas de Chancay y el área de Pasamayo.

Es de suponer que en el contrato que la empresa suscribió con el Estado Peruano existen cláusulas de responsabilidad que deben ser aplicadas tanto a los proveedores directos como a quienes contratan con ellos para labores secundarias pues la responsabilidad ha de ser solidaria con quienes trabajan para y por ellos.

Y así como reclamamos la lentitud de la autoridad, es inaceptable que una empresa que tiene años en estos afanes de trabajo con combustibles y petróleo, haya pretendido culpar a otros y aun a la Marina pues indican que no se avisó tempranamente de inusuales oleajes en los sectores de operaciones en el mar. Y si eso indigna, más debe indignarnos una aparente apatía estatal pues se ha aceptado 10 días para que la empresa presente un plan de acción y mientras los días transcurren, la marea negra se extiende como un velo de muerte en las orillas de nuestro riquísimo mar.

Al margen de ello, haber pretendido solucionar la grave realidad de las playas con trabajo manual, sin echar mano a entidades y empresas especializadas, es realmente deleznable y muestra, en mucho, una actitud de irrespeto, indiferencia y falta de responsabilidad ante lo que les toca atender.

Es casi seguro que de este desastre se sacará provecho para muchas conductas aprovechadas pues cierto es aquello de que “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Lo que toca es que la investigación sea objetiva, las sanciones radicales y ejemplares, la voz del Estado coherente y las soluciones efectivas.

Así como el Estado es soberano y libre para contratar con empresas nacionales o extranjeras para la realización de labores que él mismo no puede llevar a cabo, es igualmente cierto que debe suscribir acuerdos que respalden y protejan debida y eficientemente al país que concede la explotación y manejo de sus recursos. Si bien un accidente se puede entender, no obstante se debió evitar, es necesario que ese Estado soberano que contrata, puede defenderse y protegerse con medidas de aplicación inmediata.

Y, si nuestra legislación fuera muy laxa, que no lo es, se requiere una revisión o de las normas que se deben aplicar o de la implementación de las que se han suscrito.

No se trata de creer del todo erróneamente que solo el Estado debe hacer todas las labores extractivas y productivas y este accidente no debe y no puede llevarnos siquiera a pensar en esa falacia que es parte de un discurso antiguo y obsoleto; lo justo y cierto es que la ley existe, las normas deben cumplirse y al Estado le toca defender a todo el Perú, a su medio ambiente, a su gente, a su economía y a su imagen y, por supuesto, contratar lo que corresponda con todas las garantías necesarias.