Ahuyentando las inversiones

Para entender la relación entre el funcionamiento del aparato productivo y la calidad de vida de la población es menester hacer referencia en términos económicos al Producto Bruto Interno (PBI), el cual es un indicador que mide cuánto se produce en el país en un periodo de tiempo. Su incremento mejora la recaudación tributaria o el ingreso del gobierno, dado que las empresas al producir más, venden en esa misma magnitud, y por tanto pagan más impuestos; asimismo, al generar empleo inciden en la mejora de calidad de vida de la población. 

Las recientes acciones de protesta contra la minería (justas o no), manejadas con tibieza y cierta complicidad por decisores de política del actual gobierno, dieron nacimiento a un proceso de inestabilidad no solo económica sino también jurídica para las inversiones y sus consecuencias sociales, además evidenciaron un accionar gubernamental errático en circunstancias que el país requiere superar la crisis económica y la ausencia de empleo que caracteriza la actual coyuntura. Peor aún cuando es de conocimiento público que la producción minera contribuye en un porcentaje considerable al PBI.

Recordemos que a fines del mes de octubre, a raíz de las exigencias de la Comunidad campesina de Aquia (Ancash) para que la minera Antamina se retire de su territorio por una supuesta usurpación ilegal de tierras e incumplimiento de su responsabilidad social y de una equivocada respuesta gubernamental, la mencionada minera (una de las mayores productoras de cobre de Perú controlada por Glencore y BHP Billiton), decidió suspender sus operaciones señalando que: “la seguridad, vida y salud de las personas son asuntos de suma importancia. Creemos que no existen garantías para desarrollar nuestras labores productivas o para seguir trabajando en los proyectos y obras por el desarrollo en nuestra área de influencia operativa”. 

Pocos días después la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y las empresas: Compañía Minera Ares, Apumayo y SAMI (Breapampa) expresaron su rechazo al anuncio realizado por la ministra, Mirtha Vásquez, sobre el retiro y cierre de cuatro operaciones mineras ubicadas en el sur de Ayacucho, al cual calificaron de arbitrario e ilegal por atentar contra el Estado de Derecho, atribuyéndose poderes que no tiene por ley y asumiendo funciones que corresponden a otras instancias del Estado que si tienen mandato legal y competencia técnica para tomarlas, configurando una clara usurpación de funciones por parte de la PCM.

Y como si ello no bastara, la minera MMG LTD (una unidad de la estatal china MINMETALS CORP), señaló hace pocos días que suspendería la producción de cobre de su mina Las Bambas (Apurímac) a mediados de diciembre, ya que no logró establecer relaciones comerciales con los residentes peruanos de las organizaciones comunitarias de Chumbivilcas; frente al cual, el jefe de la Oficina de Gestión Social del MINEM, en una entrevista concedida a Sudaca.pe señaló que “el anuncio de Las Bambas no “está alineado” con el plan de vacar al presidente, pero que “lamentablemente coincide”. 

En este contexto, afirmaciones y negaciones del presidente y la titular de la PCM, muestran la faceta irresponsable de un gobierno que pareciera estar planificando el desorden como antesala del caos ahuyentando las inversiones. Es hora de decir basta y actuar políticamente en consonancia con ello.