Abogados: ¿sujetos de probidad o de dolo?

Con el perdón de los abogados honestos, ¿en que se han convertido varias generaciones de abogados en el Perú?, ¿son sujetos de probidad o de dolo? A estas alturas, la pregunta parece pertinente, no solo por la decadencia del Colegio de Abogados de Lima (CAL), sino también por el hecho de que en los innumerables casos de corrupción casi siempre aparece un abogado como operador del delito o como el hacedor de la impunidad. Pero hay otra pregunta más atrevida por hacer: ¿en que ha devenido finalmente la enseñanza del derecho en las diversas facultades del Perú?

Los bochornosos sucesos para elegir al nuevo decano del CAL son la punta del iceberg de una descomposición del gremio más grande de abogados del Perú (cerca de 75,000 afiliados). Revela la existencia de una abierta disputa por el botín gremial, y muestra de manera patética el nivel de nuestros abogados y de quienes intentan representar a sus agremiados. Por algo debe ser que en estos años, en los que se ha ventilado la corrupción más escandalosa de nuestra república, el CAL, numerosos estudios de abogados y reconocidos autores de libros y hasta de códigos, han terminado por convertirse en los defensores de la impunidad. O lo que es peor, han mostrado un sepulcral silencio, propia de una actitud acomodaticia e igualmente inmoral. 

En términos objetivos, el CAL no solo ha estado a la zaga frente a la necesidad de tener un rol activo, con voz enérgica y propositiva frente a la galopante corrupción, sino en muchos casos ha terminado por defender la impunidad o proteger a sus afiliados, comprometidos en los diversos casos que se ventilan en la fiscalía o en el fuero judicial. Ahora recién se explica por qué hace como una década, cuando un grupo de representantes de estudios de abogados intentó aprobar un Código de Ética de estas entidades, la iniciativa no prosperó, fue boicoteada por la mayoría de los más “notables” estudios de abogados.

Un amigo, que trabaja como gerente de administración de uno de los estudios de abogados más grandes de Lima me confesó hace poco lo siguiente: “Tú no sabes cuánto nos está perjudicando este proceso anticorrupción. La disminución de arbitrajes, consultas de grandes empresas y la defensa de grandes corporaciones o personajes ha bajado notoriamente, a tal punto que hemos tenido que reducir personal”, me confesó, ante mi sorpresa.

El cerebro corrupto, un reciente libro del abogado Eduardo Herrera Velarde, de gran venta en Lima, es revelador de esta situación. En ese texto Herrera Velarde confiesa lo que muchos hombres del derecho ocultan. El texto habla descarnadamente de un ecosistema de la corrupción donde abogados, policías, empresarios, un gran sector de jueces y fiscales han creado lo que se llama, “la ley detrás de la ley”, un sistema paralelo de códigos informales, tarifario de coimas y una red de contactos en el sistema judicial y en la policía; y donde, en muchos casos, los abogados son los principales operadores.

Pero, la cosa no queda allí, el libro señala que la corrupción empieza desde la propia universidad. En un pasaje del texto, Herrera Velarde dice:

Este tipo de corrupción tenía cierta tradición universitaria, pero era nuevo para mí: el de algunos dirigentes estudiantiles con licencia para ´huevear´. Gran parte de las intachables y comprometidas figuras que hoy tienen un espacio ganado en la vida pública y política del país (incluso una connotada lideresa estudiantil que llegó a ser ministra) hicieron sus pininos de esta manera. Así empieza la idea de que el político no debe trabajar y gozar de ciertos privilegios porque ´trabaja para todos´. Así era mi universidad: permisiva con una corrupción sistémica, Así era el alma mater que le dio forma a mi incipiente vocación.

Por duro que suene, si hubiera una técnica para medir qué motiva a gran parte de jóvenes para formarse como abogados en las diversas facultades del Perú, estoy seguro de que la real motivación para un gran sector no es la de ser efectivos promotores de justicia, sino que quieren hacer de la profesión un medio de ascenso social a cualquier precio, utilizando la ley según la conveniencia del cliente. Si eso es así, la amoralidad de los futuros abogados empieza, en realidad, en la propia universidad. 

La forma como los abogados se disputan en estos días la conducción del CAL –fraguando actas, comprando votos, creando un proceso en desorden adrede, para pescar en el río revuelto, provocando el desplante de las notarías y de la ONPE, para apoyar y supervisar el proceso electoral– muestra algo así como una especie de terapia involuntaria, donde miles de abogados masivamente se ponen en el diván para poner de manifiesto lo que realmente son, aquello que realmente hacen todos los días, en el ejercicio de su profesión. Y hay miles que prefieren no ir a votar a las elecciones del CAL y, al guardar silencio, tienen también su cuota de responsabilidad. En realidad, este último sector no necesita participar de los privilegios de un gremio que maneja un presupuesto de cerca de S/ 22 millones. Ellos tienen otras formas de actuación, igualmente nada santas. Reitero, en esto no quiero comprometer a los abogados honestos, que los hay; pero a estas alturas sospecho que son una minoría.

Y si al final, en las próximas semanas, una mayoría de abogados del CAL prefiere votar por un candidato decidido a traerse abajo la lucha anticorrupción actual, será porque en realidad habrá optado por mantener el statu quo, defender el ecosistema de la corrupción, “la ley detrás de la ley”, definitivamente convertidos en sujetos del dolo y el latrocinio. Esa decisión de la mayoría de abogados pondrá institucionalmente al CAL del lado de la impunidad. Mostrarán la convicción oculta de que el puñado de fiscales y jueces que lideran el proceso anticorrupción, en realidad, les está malogrando el negocio. 

Alfredo Bullard, ha propuesto una interesante alternativa para lograr que el CAL deje de ser un cartel, un monopolio gremial sin competencia. Sugiere que exista la posibilidad de creación libre de varios gremios de abogados. La competencia en cuanto a la calidad de los afiliados, propuestas, formas asociativas, fomentará un sistema de certificación en el que el mejor colegio será aquel que promueva una verdadera ética de los abogados, realice propuestas y genere servicios de calidad, terminando por crear un ecosistema probo de la profesión. Es una fórmula que también podría aplicarse a otros colegios profesionales, rompiendo así el monopolio gremial, el espíritu corporativo, situación que al final termina por frenar la vocación de renovación de médicos, contadores, odontólogos, enfermeras, periodistas, ingenieros, arquitectos y tantos otros profesionales.