Las instituciones reaccionan

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, acaba de anunciar que el organismo que preside se retira del Consejo Nacional de la Reforma de Justicia que encabeza el presidente Vizcarra. Igualmente José Lecaros, presidente del Poder Judicial, sostuvo que el jefe de Estado no debe presidir el mencionado Consejo. Y, de otro lado, Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo, asevera que luego de otorgada la cuestión de confianza por el Congreso el presidente Vizcarra no puede interpretar la señalada confianza. 

Si consideramos que algunas semanas atrás los señalados personajes encumbraban a Vizcarra como presidente de ese Consejo, ¿qué significan estos pronunciamientos de titulares de entidades tutelares de nuestra República? ¿Qué ha comenzado a cambiar para que repentinamente se marque distancia con el jefe de Estado y el Ejecutivo? En el caso de Blume el asunto es más que evidente, porque el retiro del TC del indicado Consejo, en la práctica, termina con la existencia de ese organismo. De una u otra manera se han decretado los funerales de esa entidad.

Antes de continuar quizá valga la pena señalar que, en cualquier república con mediana salud, es absolutamente inconcebible que el jefe de Estado lidere la reforma del sistema de justicia; sobre todo considerando que la justicia, para ser tal, necesita de la más clara independencia del poder político. Sin embargo, por la etapa plebiscitaria que se inauguró en nuestra experiencia republicana luego del referéndum y el descrédito general del Congreso, de una u otra manera, todos comenzaron a bajar la cabeza frente a un jefe de Estado respaldado por las encuestas de Ipsos. Y allí reside la primera explicación de que Vizcarra fuera elegido presidente del Consejo de la Reforma.

No obstante, con la cercanía del fin de la Legislatura, que debe tramitar los proyectos de “reforma política” planteados por los notables del Ejecutivo, las alarmas parecen haberse disparado ante los crecientes rumores de que el Gobierno cerraría el Congreso si no se respetan “las esencias” en los proyectos de los notables. Así están las cosas en la experiencia republicana. Los pronunciamientos de los titulares del TC, del Poder Judicial y la Defensoría, solo pueden ser entendidos en este contexto.

En esta columna no creemos que el Ejecutivo se atreva a cerrar el Congreso porque cometería un acto anticonstitucional porque, en la práctica, se convertiría en un Gobierno de facto, por más que cumpla con el mandato de convocar a elecciones parlamentarias a los cuatro meses de cierre. Asimismo, se acabaría la coartada que ha posibilitado que Vizcarra sostenga su popularidad sin necesidad de gobernar demasiado. Con el cierre del Legislativo el jefe de Estado se quedaría solo en el escenario, como el responsable del desastre nacional que comienza a configurarse. ¿Por qué entonces clausurar el Congreso?

Sin embargo, los rumores del cierre del Legislativo se multiplican como parte de un psicosocial que busca aterrar a los congresistas para que aprueben todas las esencias de las reformas de los notables. El Ejecutivo busca un nuevo triunfo político frente al Legislativo como parte de ese pulseo permanente que ha inaugurado la administración Vizcarra. Un pulseo con el Legislativo que parece ser el inicio y en el fin de la acción gubernamental.

¿Lograra el Ejecutivo cortar oreja y rabo con el fin de la Legislatura? Todo indica que la estrategia de gobernar pulseando a otro poder del Estado, la estrategia del atarante con el cierre del Legislativo, comienza a llegar a su fin, porque en política no hay libretos al infinito. Y lo más probable es que, en esta ocasión, en el Congreso se modifiquen las esencias fundamentales de los proyectos de los notables que buscan alterar los equilibrios. En ese sentido, todo huele a empate. A menos, claro está, que la vocación por la aventura, por la timba, termine apoderándose del presidente Vizcarra.