La amenaza de la anarquía

La guerra política que desarrolló el presidente Vizcarra, los medios de comunicación tradicionales, las ONG marxistas y las encuestadoras, finalmente, ha comenzado a sumir al Perú en un borrador, por decir lo menos, de anarquía política institucional. La conclusión es que, no obstante las encuestas de Ipsos, es evidente que hoy Vizcarra es el presidente más débil de las últimas dos décadas. De lo contrario, un gobernador regional no se atrevería a otorgar un plazo de 72 horas para retirar la licencia de construcción de Tía María o —de no hacerlo— el Ejecutivo deberá asumir la responsabilidad de eventuales muertes.

La anarquía parece haberse expandido en todas las realidades y territorios que no pertenecen al Perú oficial. Más allá de las portadas de los medios tradicionales o de oportunas encuestas, Vizcarra no tiene la menor autoridad. En el Oleoducto Norperuano, por ejemplo, es el Ejecutivo el que se opone a tomar medidas para restablecer la autoridad. En todas las minas del sur —desde Las Bambas, pasando por Constancia y Antapaccay— los radicales antimineros suelen violar la Constitución y la ley a vista y paciencia de las autoridades estatales. Todas las inversiones, todos los contratos y las transacciones en el Perú, ya no parecen depender de la Constitución y la ley, sino de la presión social y de posibles desenlaces fatales de las protestas.

En medio de la guerra Ejecutivo-Legislativo, además, ha surgido un grupo de gobernadores regionales (Puno, Arequipa, Moquegua) que desarrolla una visión propia sobre el modelo económico, al margen de la Constitución. Y si a estos hechos le sumamos que el frenazo económico puede desatar protestas sociales hacia fin de año, la tendencia hacia la anarquía parece más que evidente.

En este contexto, la frivolidad caviar —aquella que solo se mide por los contratos con el Estado— aconseja forzar el cierre del Congreso, jalando la Constitución como si fuese un chicle. Sin embargo, Vizcarra podría ganar popularidad apenas por unas semanas, y el asunto no le alcanzaría para los cuatro meses en que se deberían realizar nuevas elecciones congresales. En unas semanas el jefe de Estado aparecería como el único responsable del desastre nacional, y no sería extraño que termine echado por acciones de masas. Algo más: un cierre inconstitucional del Legislativo podría desatar una reacción en la mayoría de partidos, y la clausura tendría que concretarse con apoyo de las Fuerzas Armadas. La propuesta de cierre caviar es irresponsable y en extremo frívola. A nuestro entender el Ejecutivo no se inclinará por esa salida.

¿Qué hacer entonces? La decisión de los titulares del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial y de la Defensoría del Pueblo, de poner los puntos sobre las íes en el tema del Consejo de Reforma Judicial y de alertar que el Ejecutivo no puede cerrar el Congreso luego de otorgada la confianza, revela un camino interesante de agrupamiento institucional. La elección de la próxima mesa directiva del Legislativo es otro momento destacado porque establece la posibilidad de terminar con la inefable gestión de Daniel Salaverry, quien se convirtió en una ficha más de la estrategia marxista de control de instituciones.

En este contexto, el fujimorismo debe hilar fino para promover una amplia convergencia institucional que permita crear un camino institucional en el Legislativo. Y, sobre esa base, desarrollar un encuentro de instituciones que llene el vacío y la tendencia a la anarquía que desarrollan Vizcarra, los medios tradicionales, las ONG marxistas, las encuestadoras y la frivolidad caviar, en la guerra absurda e injustificada en contra del Congreso. Es la única manera de evitar la entropía que promueven los sectores desesperados por la contrata estatal.