¡Eliminar las economías ilegales de la política ya!

La reforma constitucional sancionada en el referendo de Martín Vizcarra del 2018, acerca de la prohibición de las personas jurídicas de financiar a los partidos políticos, ha tenido efectos devastadores para el sistema político nacional. Hoy que los progresistas gritan a los cuatro vientos que las economías ilegales influyen decisivamente en la política deberían reflexionar sobre los efectos destructivos que han tenido las limitaciones al financiamiento del sector privado y de la sociedad en general a los partidos políticos.

Según una reciente encuesta de opinión, desarrollada por Datum Internacional para el Centro de Investigación Wiñaq, ocho de cada diez peruanos considera que las economías ilegales –narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, entre otras– influyen en la política y las agendas públicas. Según la encuesta desarrollada a nivel nacional, a nivel urbano y rural, el 50% considera que la influencia es muy alta y el 32.2% manifiesta que es alta. En otras palabras, más del 80% de los peruanos empieza a identificar que la actual crisis política tiene mucho que ver con la irrupción de las economías ilegales en la representación de los municipios, gobiernos regionales, la representación legislativa, el Ejecutivo y el Estado en general.

En cuanto a las elecciones del 2026, el sondeo mencionado señala que el 60% de los entrevistados considera que el financiamiento de los partidos políticos debe provenir de las personas naturales y jurídicas formales. Un 14% de los entrevistados considera que el Estado debe encargarse del financiamiento, en tanto que un 11.4% acepta que el financiamiento provenga de sectores informales o economías ilegales.

Es incuestionable que la prohibición de las personas jurídicas a desarrollar aportes a los partidos, en la práctica, ha desatado una fiesta de las economías ilegales en el financiamiento político. Lo vemos cada día con las marchas y retrocesos legislativos para enfrentar a la minería ilegal, por ejemplo. Sin embargo, también asistimos al fracaso de la idea de convertir al Estado en el gran redistribuidor de los recursos de los partidos bajo el sueño igualitarista de evitar que el empresariado incline la balanza a favor de un sector de la política.

Bueno, el resultado ha sido que las economías ilegales y también el crimen organizado empiezan a inclinar las cosas a su favor. En provincias el financiamiento de las economías ilegales a los partidos y movimientos antisistema empieza a ser evidente y notorio y, de pronto, los movimientos que pretenden destruir el Estado de derecho y fomentan la destrucción de los sistemas de derechos de propiedad –a través de la minería ilegal y la tala ilegal– empiezan a ser decisivos en la política. Es el resultado de la visión progresista, neocomunista y comunista que ve el en financiamiento del sector privado una amenaza a sus estrategias de poder.

En las democracias desarrolladas o longevas, como las de Estados Unidos y el Reino Unido, el aporte privado a los partidos políticos no tiene límites siempre y cuando sea bancarizado y declarado ante la autoridad tributaria. El resultado es incuestionable: a pesar de la crisis de los partidos en el planeta por la revolución digital y el surgimiento de una sociedad de redes, el sistema de partidos en ambas democracias anglosajonas se mantiene vigente y alimenta la construcción institucional y el desarrollo de libertades.

En el Perú el experimento progresista ha fracasado de principio a fin y las economías ilegales comienzan a cercar la política nacional, tal como se registra en la encuesta que comentamos y en las investigaciones del Centro Wiñaq.