Guerra por la propiedad en Venezuela

¿Sociedad de propietarios o estado propietario?

La aprobación en la Asamblea Nacional de la “Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela” presentada por diputados de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha originado el primer gran choque entre la oposición democrática y el oficialismo chavista. La ley ha sido aprobada por mayoría y en primera votación por los 109 diputados que obtuvo la MUD en las pasadas elecciones congresales.  No obstante, la ley necesita una segunda votación y todo indica que la mayoría opositora reafirmará la decisión.   

Para explicar la referida ley vale recordar que la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) es una de las 42 “misiones” o programas sociales creadas en el 2011 por el extinto presidente Hugo Chávez con el objetivo de solucionar el déficit habitacional de los sectores más pobres del país. Según el oficialismo,  con la GMVV se debía construir 2 millones de viviendas en 7 años,  meta que se corrigió en el 2014 a 1 millón de viviendas.

El objetivo de la GMVV se desnaturalizó transformándose en un programa clientelar utilizado para garantizar las sucesivas reelecciones de Chávez como de Nicolás Maduro. El problema principal de GMVV es que los beneficiarios nunca obtendrán el título de propiedad de las viviendas recibidas debido a una ley promulgada en el 2011 -“Ley de la Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela”- en la que se indica que solo podrán ser usada como residencia permanente. Es decir, la propiedad de las viviendas está en manos del estado chavista en tanto que los beneficiarios solo  tienen la posesión del inmueble. Por lo tanto es imposible vender, traspasar, alquilar, hipotecar o pedir créditos por la vivienda.

La finalidad de esta nueva ley presentada por el opositor Julio Borges de la MUD, es otorgar el derecho de propiedad plena a los beneficiarios del programa MGVV. El presidente Nicolás Maduro y el oficialismo en pleno han lanzado una campaña en contra de la mencionada ley tildándola como “un retorno a la privatización”. Sin embargo, lo que Maduro y el chavismo quieren evitar a cualquier costo es que la oposición desde la Asamblea Nacional realice una auditoría y una investigación exhaustiva sobre irregularidades con respecto a la construcción de las viviendas. Según el oficialismo, en el 2015 se cumplió la meta de construir un millón de viviendas. Pero un inventario realizado por el partido Primero Justicia llamado “Operación Lupa” sostiene que hasta el 2015 solo se había construido 280 mil. La investigación concluyó además que el chavismo a través la campaña Operación Libertad del Pueblo (OLP) había “recuperado” más de 1,500 viviendas en manos de personas investigadas por mantener “contactos con la oposición”.   

En las próximas semanas la Asamblea Nacional de mayoría opositora aprobará la referida ley. El chavismo ya amenazó en salir a las calles e interponer una demanda por inconstitucionalidad de la ley en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución que aún controla.   

La finalidad de las autocracias es transformar a los ciudadanos en seres serviles y autómatas bajo el yugo del estado todo poderoso. No hay libertad sin propiedad privada. Los vientos de cambio en Venezuela asoman con fuerza.