Es imposible reformar la educación sin el aporte privado

El Ejecutivo plantea el ingreso libre a las universidades y vuelve a demostrar que la demagogia e irresponsabilidad son sus banderas. En el Congreso se debaten diversas normas para reformar la educación; sin embargo, todos parecen ignorar una verdad que no se puede eludir: sin el aporte privado al sector educativo es imposible imaginar una reforma de la educación en el Perú.

La respuesta es simple: un tercio de la matrícula en la educación básica y dos tercios en la superior son atendidos por el sector privado. Para entender la magnitud de las cosas, vale señalar que en la educación básica hay cerca de siete millones de alumnos, de los cuales alrededor de dos millones asisten a centros privados. En la educación superior, considerando universidades e institutos, existen cerca de dos millones de alumnos (dos tercios del total). 

En este contexto vale preguntarse, ¿se puede siquiera imaginar la reforma de la educación sin el aporte privado? Imposible. En el Estudio de contribución económica de la educación privada en el Perú, de Apoyo y Consultoría, se establece que sin el aporte privado, el Estado tendría que incrementar el presupuesto educativo en S/ 20,000 millones. Actualmente el presupuesto suma más de S/ 35,000 millones. Si avanzamos por el camino de supuestas estatizaciones, ¿cómo se podría focalizar los escasos recursos del Estado en los sectores más pobres de la sociedad?

Una de las cosas más significativas de la inversión privada en el sector educación es que ha permitido redistribuir la renta nacional a favor de los sectores desfavorecidos de la sociedad. Por ejemplo, antes del Decreto Legislativo 882 –a mediados de los noventa–, que posibilitó la inversión privada en el sector educativo, la universidad pública atendía dos tercios de la matrícula. Hoy solo atiende un tercio, no obstante que la cobertura de educación universitaria ha aumentado en más del 50%. Por ejemplo, San Marcos tenía 45,000 estudiantes. Casi tres décadas después sigue teniendo 45,000 estudiantes, pero con un presupuesto incrementado varias veces más.

Es evidente, pues, que la educación privada permite la redistribución de la renta educativa a los sectores menos favorecidos. Pero la educación privada también significa incremento de calidad. En la última prueba del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) del 2018 –en la que participó el Perú– únicamente los colegios privados alcanzaron rendimientos sobre la “línea base” (que separa los puntajes “aprobatorios” de los “desaprobatorios”). Si solo se considerara el puntaje de los claustros privados, el Perú subiría 50 puntos en los resultados y quedaría a 28 puntos del puntaje promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En el caso de las universidades, los rankings nacionales e internacionales nos revelan cómo avanzan los claustros privados en todos los niveles de la vida académica.

Por otro lado, cabe subrayar otro dato extremadamente interesante que revela el mencionado estudio de Apoyo: el 73% de los alumnos del sector privado educativo corresponde a los sectores sociales C y E. No se trata entonces de una educación para ricos, sino para sectores populares y emergentes.

Como se aprecia con absoluta claridad, es imposible hablar de una transformación de la educación peruana al margen del sector privado. Los políticos del Ejecutivo y del Congreso, que ignoran esta verdad, suelen caer en la demagogia. 

Los movimientos a favor de la reforma deben continuar: se debe salvar la carrera pública magisterial, que establece el nombramiento y promoción de los maestros en base a los méritos académicos. Igualmente, se debe continuar con el licenciamiento de las universidades y se debe incorporar la acreditación de las carreras. Sin embargo, todo será una quimera si se ignora el enorme aporte del sector privado.