Los grandes males de la universidad

El proyecto de Ley Universitaria pendiente de ser votado por el pleno del Congreso de la República contiene graves errores, pero uno de los más gruesos, sin duda, es aquel que pretende imponer a todas las universidades del país una forma de gobierno que ha fracasado en todos los claustros universitarios: el asambleísmo y el tercio estudiantil que han extendido el desgobierno.

El artículo 123 del proyecto– tercer párrafo- establece que “en el gobierno de las universidades privadas participan obligatoriamente profesores, estudiantes y graduados así, como la entidad promotora en la proporción que determine sus respectivos estatutos”. Es decir, el Estado les confisca de facto a los inversionistas privados en educación su derecho a dirigir las universidades que crean a pesar de que no reciben un solo centavo estatal.

El modelo asambleísta y de cogobierno constituye el lado negativo de la reforma universitaria de Córdoba y es la causa principal del caos y la anarquía que imperan en la universidad desde hace décadas, por haber propiciado que grupos políticos asuman cuotas de poder que utilizan para desviar recursos monetarios y humanos de las universidades hacia sus organizaciones.

Durante décadas, el Partido Aprista, primero, y después los partidos comunistas, se aprovecharon del cogobierno para convertir universidades públicas en feudos partidistas en los que manejaban los exámenes de ingreso, los servicios sociales, las contrataciones de docentes y de empleados, etc. En la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Abimael Guzmán se aprovechó de ello para hacerse nombrar como Director de Personal, cargo desde el cual colocó a su gente en puestos claves para obtener recursos y captar militantes para su “lucha armada”. Lo mismo hicieron después sus seguidores en La Cantuta.

El partido comunista Patria Roja también se aprovechó para tomar el control de las facultades de Educación, desde las cuales fue construyendo el SUTEP, sindicato poderoso que decide las plazas de maestros de las escuelas estatales y, por lo tanto, el destino de las políticas públicas educativas. La consecuencia de esta forma de tráfico sindical es la educación de pésima calidad que reciben los hijos de nuestros compatriotas más pobres.

En suma, el cogobierno asambleísta solo beneficia a algunos partidos que tienen predicamento en la juventud universitaria, sobre todo, a los radicales de izquierda, a los cuales les importa poco la educación.

La participación estudiantil en el gobierno de la universidad debe ser evaluada por el Congreso desde otra perspectiva: Los alumnos no pueden desafiar la autoridad de sus maestros porque no se puede votar “democráticamente” si la tierra es redonda o no. La redondez del planeta pertenece a los fueros de la ciencia y la academia y depende de la experiencia, la observación y medición de los hechos físicos. En la medida que la universidad es el espacio del conocimiento, si de participación estudiantil se trata, se debería optar por reconocer voz a los estudiantes del quinto estudiantil superior. En otras palabras, los ,mejores alumnos podrían hablar y solo hablar sobre lo mejor para la gestión universitaria. Una idea que debería discutirse.

El Congreso tiene que corregir el grave error de pretender imponer el cogobierno asambleísta y también debe respetar el estatus especial que le reconoce la ley a las universidades privadas para que designen a sus autoridades y se gobiernen bajo sus propios estatutos privados. Debería ponderar, además, el liderazgo que viene alcanzado rápidamente, en calidad de oferta educativa, la nueva generación de universidades privadas surgida como parte del desarrollo de los mercados en nuestro país, y reflexionar al respecto.

En el Siglo XXI es insostenible seguir proponiendo un modelo de universidad en el que el destino de la institución esté sujeto a la voluntad de grupos políticos organizados que se aprovechan de la juventud. No se puede gobernar una universidad de esa manera.