Se nos va la anchoveta

Las políticas anti inversión privada del gobierno dañan a un sector clave de la economía

Algunas políticas del gobierno nacionalista contrarias a la inversión privada -una de las principales causas de la desaceleración- están golpeando duramente a la pesca: Se prevé que el 2014 las exportaciones pesqueras caerán en unos US$ 600 millones -lo mismo pasó el 2013- y que la producción total del sector será 17% por debajo de la del 2011. En el 2013 las menores exportaciones pesqueras propiciaron que el país cerrase el año con un déficit comercial de US$400 millones, cuando pudo tener un superávit de US$200 millones.

Según la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, señora Elena Conterno, el problema regulatorio fue determinante en un 100% para la caída de la producción y de las exportaciones del año pasado, y este año lo es en un 50% (el otro 50% es el clima).

La principal sobrerregulación les prohíbe a las empresas industriales pescar antes de las diez millas del litoral centro y norte, y antes de las siete millas del litoral sur. Dichos espacios han sido declarados exclusivos para la pesca de consumo humano. Por este motivo, y también por el calentamiento de las aguas, en el primer semestre de este año las empresas pudieron pescar solo el 68% de la cuota de anchoveta que les fue asignada (2.5 millones de toneladas).

El gobierno impuso tal restricción alegando que las compañías pesqueras depredan la anchoveta y que debe darse prioridad a la pesca de consumo humano. Craso error. La pesca industrial está sujeta desde hace años a estándares de sostenibilidad fijados por la ONU y supervisados por organismos del estado. Además cada empresa tiene una cuota de pesca que no puede exceder y que es controlada de manera estricta con ayuda GPS para vigilar a los buques por satélite.

Además las franjas exclusivas para pesca de consumo humano han fracasado por falta de control. En ellas hay ahora una gran cantidad de embarcaciones pequeñas que compiten en una carrera loca por extraer anchoveta, pero no para el consumo humano, como cree el gobierno, sino para venderla a las empresas harineras y aceiteras.

Las consecuencias de la política pesquera son tan negativas que, en el 2013, diez de las 12 empresas pesqueras más importantes acabaron el año con problemas financieros, y este año sería igual o peor porque la regulación persiste, igual que el calentamiento de las aguas.

Por si fuera poco un informe reciente del Instituto del Mar del Perú reporta que hay solo 1.45 millones de toneladas de anchoveta de biomasa, cuando lo mínimo es 4 millones y lo usual 10 millones para mantener los volúmenes de pesca. Los expertos sostienen que, ante esta situación, se debería levantar la restricción de la pesca industrial en las franjas exclusivas, sobre todo en el sur donde hay mayor biomasa, y abrir cuanto antes la segunda temporada de pesca. La primera acabó a fines de septiembre.

En el sur, las regulaciones han propiciado una caída drástica de la producción: En el año 2009 Chile y el Perú, que comparten la misma biomasa, pescaban volúmenes iguales de anchoveta. Hoy el país del sur pesca tres veces más que nosotros.

El gobierno debiera rectificar su política pesquera a la luz de los resultados expuestos y hacer cuanto antes los cambios que se necesita para reanimar a nuestra industria pesquera, que corre el riesgo de entrar en una crisis si la situación actual sigue prolongandose. El gobierno de la inclusión debiera considerar, sobre todo, que se trata de un sector clave que da empleo directo a 121 mil peruanos e indirecto a otros 100 mil.