Otro daño del ecologismo radical

Sobre la demanda de la minera Bear Creek contra el Estado peruano

La intención de la compañía canadiense Bear Creek Mining Company de recurrir a un arbitraje internacional contra el Perú invocando el artículo 824 del Tratado de Libre Comercio entre nuestro país y Canadá por la cancelación de la concesión que el Estado le otorgó para desarrollar el proyecto de plata en Santa Ana, Puno, es otra muestra más de cómo el ecologismo radical ha hecho trizas de la soberanía del Estado y ha detenido las inversiones en recursos naturales.

La acción legal internacional de Bear Creek le podría costar al Estado peruano la friolera de US$ 1,200 millones de dólares, una suma enorme frente a los US$ 71 millones que se planeaba invertir a partir del 2012 con objeto de producir 5 millones de onzas de plata en los primeros seis años. Es decir, no solo no se producirá plata, no se recibirá ingresos fiscales, no se beneficiarán las comunidades, sino que el Estado podría pagar una millonaria indemnización por haber renunciado a ejercer su soberanía frente a la violencia del ecologismo radical.

Como se sabe, el proyecto minero de Bear Creek fue cancelado por el gobierno de Alan García días antes del relevo presidencial. La iniciativa de explotación de plata se había convertido en un modelo de consulta con las comunidades adyacentes que aprobaron con entusiasmo el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado. Sin embargo ecologistas radicales de fuera de la zona de influencia del proyecto desarrollaron el conocido libreto: violencia y búsqueda de víctimas mortales para legitimar sus “protestas”. El régimen aprista se asustó y dio marcha atrás.

En todo caso, el Estado estaría a punto de recibir una tarjeta roja internacional que afectaría la credibilidad nacional, sobre todo, frente a los inversionistas mineros. De una u otra manera, lo que ha pasado con Bear Creek es otro ejemplo paradigmático del comportamiento errático del Estado frente a la inversión en recursos naturales. Una conducta que se ha agravado en la actual administración y que explica la paralización de Conga y otros proyectos mineros y petroleros.

Durante este régimen solo se ha aprobado el EIA del proyecto Tía María, pero, en general, es una administración que ha puesto en salmuera a todo el proceso de inversión en recursos naturales. El resultado es inobjetable: el frenazo económico.

Si bien es cierto que, según la Carta Política, el Estado es el titular de los recursos del subsuelo en el territorio nacional, hasta hoy no se entiende que las comunidades y localidades son los titulares de la superficie y, por lo tanto, si no existe una sinergia entre gobierno central, comunidades y empresas privada los proyectos y emprendimientos en recursos naturales siempre avanzarán al borde de los abismos. De alguna manera, se ha olvidado que el hombre es un ser esencialmente económico y que las comunidades solo quieren participar de las riquezas y beneficios de la explotación de los recursos del subsuelo de sus linderos comunales.

Sobre esos malos entendidos se fermenta la campaña del ecologismo radical que demoniza a las empresas mineras acusándolas de destruir la agricultura y los sistemas ecológicos. Y la campaña rinde frutos, tal como pasó con la inversión de Manhattan en Tambogrande y Bear Creek en Santa Ana. El problema es que cuando la empresa formal se retira y todo el mundo sabe que en el vientre de la tierra existe una riqueza sin explotar aparece la minería informal y, como ya sabemos, en esos casos no hay sistema ecológico que se salve.

Esa es la historia que está redactando el ecologismo radical en nuestro país. No solo no se defiende el medio ambiente (¿por qué no se grita ante la minería informal y la tragedia ecológica en Tambo grande?), sino que se promueve desbordes sociales que fracturan la autoridad del Estado y le niegan recursos fiscales al gobierno, regiones y municipios, que son vitales para seguir combatiendo a la pobreza.

El control de daños que se debe desarrollar frente a la acción legal de Bear Creek debe pasar por un acuerdo inmediato con la minera canadiense que evite una indemnización millonaria y el baldón internacional para el Estado por su incapacidad para hacer respetar una concesión que ha otorgado de acuerdo a la Constitución, las leyes nacionales e internacionales.