Las nuevas reformas pasan por el fin del Estado burocrático

El Perú necesita una nueva ola de reformas para salir de la situación de crecimiento mediocre y que no permite reducir la pobreza significativamente, tal como sucedía en la primera década del nuevo milenio. El crecimiento potencial del país apenas puede llegar al 4% del PBI; es decir, tiene una limitada capacidad de crecimiento sin producir inflación. En este contexto, el Perú se encamina a convertirse en una sociedad con crecimientos de 3% en promedio y con una pobreza que suma el 27% de la población. Con ese nivel de crecimiento la pobreza se prolonga en el tiempo. ¿Qué hacer?

Antes vale señalar que luego de las reformas económicas de los noventa, durante la primera década del nuevo milenio, el país empezó a crecer en 6% en promedio y a reducir anualmente varios puntos de pobreza. El modelo como tal redujo la pobreza del 60% de la población a 20% antes de la pandemia. Luego del devastador gobierno de Pedro Castillo la pobreza volvió a aumentar a 27% de la población.

Más allá de los retrocesos, las reformas económicas de los noventa convirtieron a la sociedad peruana de una pobre a otra de ingreso medio y con gran presencia de clases medias. Las señaladas reformas acabaron con el Estado empresario de más de 200 empresas estatales –que generaban déficit estructural e inflación–, desregularon mercados y precios, liberalizaron el comercio exterior y consagraron el respeto irrestricto a la propiedad privada y los contratos. Sin embargo, esas reformas se focalizaron en una imagen: el fin del Estado empresario.

En este contexto, ¿cómo salimos del crecimiento mediocre actual y apuntamos a un relanzamiento del modelo que nos permita volver a crecer a tasas altas y a reducir varios puntos anuales de pobreza? Es evidente que una de las claves es elegir un jefe de Estado, un Congreso –sobre todo un Senado– con sentido común y responsabilidad. No necesitamos grandes salvadores, sino políticos y ciudadanos con buena voluntad y que se distancien de los proyectos de refundar el país en base a criterios ideológicos.

Sobre la base en el 2026 se debe identificar el principal objetivo de las nuevas reformas que el país debe materializar para relanzar el crecimiento y la sociedad: el fin del Estado burocrático.

En las últimas décadas, casi paralelamente al crecimiento económico, la influencia de las izquierdas en los relatos y las narrativas del país, fomentaron la burocratización del Estado. El gasto público y el gasto corriente se multiplicaron al infinito. Se crearon 19 ministerios –la mitad de los cuales no tiene una función social específica, más allá de las fábulas del progresismo–, proliferaron oficinas, aduanas y se desarrollaron regulaciones y procedimientos de aquí por allá, con el fin de justificar el aumento de la burocracia y la expansión del gasto estatal. A través del gobierno central, las regiones, los municipios y las empresas públicas el Estado consume alrededor del 30% del PBI nacional.

Con el Estado burocrático es imposible desarrollar una reforma tributaria que simplifique el sistema de cobro de tributos y reduzca las tasas impositivas para devolver recursos al sector privado y multiplicar la inversión y la reinversión. Igualmente es imposible desarrollar una reforma laboral en base a la flexibilización de los contratos de trabajo o movilizar al Estado y al sector privado a través de asociaciones público privadas para solucionar todos los déficits y problemas en infraestructuras. Asimismo, resulta imposible hacer reformas en el sistema educativo y el sistema de salud para desarrollar un capital social innovador, capaz de producir, innovar y competir en las nuevas tendencias de los mercados.

El Estado burocrático es la gran rémora del desarrollo del país. Con sus sobrerregulaciones y oficinas bloquea las inversiones privadas, alarga la situación de pobreza y desencadena más informalidad: las pequeñas unidades económicas no aceptan la burocracia del Estado y se deciden por la informalidad.

Algo fundamental para agregar. La existencia del Estado burocrático es incompatible con una nueva ola de reformas que relance el crecimiento del Perú hacia su conversión en una sociedad desarrollada.