¡La trampa laboral que empuja a la informalidad!

El Perú atraviesa una tragedia silenciosa que el discurso oficial se niega a reconocer: siete de cada diez peruanos trabajan sin EsSalud, sin pensión y al margen de cualquier derecho laboral. En las zonas rurales, la cifra se eleva al 94%, y entre los jóvenes de 14 a 24 años alcanza el 85%. No se trata de una falla del mercado ni de una supuesta “falta de conciencia empresarial”. Es el resultado directo de decisiones institucionales que, bajo la bandera de la protección laboral, han terminado expulsando a millones hacia la informalidad.

En este contexto, el fallo del Tribunal Constitucional del Perú del año 2001 marcó un punto de quiebre. Al declarar inconstitucional la indemnización como única reparación frente al despido arbitrario y abrir la puerta a la reposición obligatoria, el máximo intérprete de la Constitución introdujo una rigidez que distorsionó el mercado laboral. En adelante, contratar formalmente dejó de ser una decisión basada en la productividad y pasó a convertirse en una apuesta de alto riesgo para el empleador.

Los efectos fueron inmediatos. La contratación a plazo indeterminado se redujo, mientras las empresas comenzaron a buscar mecanismos para evitar contingencias legales cada vez más costosas. El resultado no fue mayor estabilidad laboral, sino exactamente lo contrario: menos empleo formal y más precariedad. La evidencia es clara y consistente. Cuando despedir se vuelve prácticamente imposible o excesivamente caro, contratar también lo es.

A esta rigidez se suma un problema estructural aún más grave: el sobrecosto de la formalidad. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, contratar formalmente en el Perú implica asumir un 71,7% adicional sobre el salario del trabajador, el nivel más alto de América Latina. En términos simples, un sueldo de S/ 1,200 puede terminar costando más de S/ 2,000. Para una gran empresa, esto puede ser manejable; para una pequeña, es una barrera insalvable.

El problema adquiere mayor dimensión si se considera que las micro y pequeñas empresas —que constituyen el 99,4% del tejido empresarial y generan cerca del 90% del empleo privado, según el Ministerio de la Producción del Perú— operan con márgenes reducidos y baja productividad. Pretender que estas unidades económicas asuman costos laborales cercanos al doble del salario no es realismo social, es simple desconexión con la realidad.

En los hechos, el sistema laboral peruano ha terminado configurando un modelo perverso: se sobreprotege a una minoría formal mientras se excluye a la mayoría. La rigidez en el despido, sumada a los altos costos no salariales, empuja a las empresas —especialmente a las más pequeñas— a operar fuera del marco legal. Así, la supuesta protección se convierte en el principal motor de la desprotección.

Algunos pretenden justificar este esquema invocando modelos extranjeros que, en apariencia, privilegian la estabilidad laboral. Sin embargo, la comparación suele ser engañosa. Países como Dinamarca o Alemania no protegen puestos de trabajo a cualquier costo; protegen trayectorias laborales. Su enfoque combina flexibilidad en la contratación y el despido con redes de seguridad eficientes y políticas activas de empleo. Es decir, facilitan la creación de empleo en lugar de obstaculizarla.

El Perú, en cambio, ha optado por el camino inverso: ha rigidizado el mercado laboral sin construir un sistema de protección social que acompañe al trabajador en sus transiciones. El resultado es un equilibrio frágil y excluyente, donde la formalidad se convierte en un privilegio y la informalidad en la regla.

La solución no pasa por eliminar derechos laborales, pero sí por replantear profundamente cómo se garantizan. Reducir los sobrecostos, flexibilizar los esquemas de contratación y diseñar mecanismos efectivos de protección social no son concesiones al empresariado, sino condiciones indispensables para integrar a millones de peruanos al sistema formal.

Mientras el Estado siga encareciendo el empleo en nombre de una protección que no alcanza a la mayoría, la informalidad seguirá siendo la única salida racional para empresas y trabajadores. Y en ese escenario, el país continuará atrapado en una ficción legal que protege en el papel a quienes, en la práctica, ya ha dejado atrás.