¡La minería ilegal acabará con el proyecto de Perú, potencia minera mundial!

El sistema de concesiones de la minería es uno estándar que se aplica en Canadá, Australia, Chile, Perú y otros países que lideran la producción de minerales del planeta. Incluso en algunos estados de Estados Unidos, en donde las comunidades nativas son propietarias del subsuelo, se aplica el mismo sistema de concesiones mundiales; pero con la diferencia de que las regalías y el pago de tributos no van a un gobierno central o federal, sino a las comunidades nativas.

El debate sobre las concesiones en minería entonces no es un debate local, como han pretendido las izquierdas antisistema y los sectores políticos que pretenden contemporizar con la minería ilegal. ¿Cuál es la clave de ese sistema? Es relativamente simple: en una determinada cuadrícula de tierra se encuentra mineral como reservas probadas –listas para explotar–; sin embargo, sobre el núcleo de reservas probadas se plantea un denuncio que suele sobrepasar las 10,000 hectáreas. 

¿Por qué un denuncio minero tiene estas extensiones en el sistema de concesiones en el mundo? Porque la extensión de tierra se tituliza y la empresa –generalmente grandes capitales que cotizan en bolsas mundiales– acude al sistema financiero internacional para conseguir entre US$ 1,200 millones a US$ 10,000 millones (ninguna empresa seria tiene en la caja esa cantidad). 

Con el dinero conseguido la empresa empieza a explotar el mineral, pero en los miles de hectáreas restantes desarrolla una incesante actividad de exploración. Es la única manera de alargar la vida de la mina e incrementar la rentabilidad del proyecto luego de pagar las obligaciones internacionales.

De esta manera el Perú alcanzó a ser el segundo productor de cobre del mundo –ahora ha sido desplazado a tercer lugar por el Congo–, y el segundo productor en plata y zinc. Con el mismo sistema Canadá, Australia y Chile se han convertido en potencias mineras mundiales.

Ahora bien, cuando una empresa no trabaja en la concesión los derechos que deben pagar se incrementan exponencialmente, a tal punto que se hace insostenible mantener un derecho en que no se invierta. Así se ha establecido en la Ley General de Minería y las normas correspondientes.

El avance de la minería ilegal y los precios del oro y del cobre han multiplicado las invasiones sobre las reservas probadas de minerales de las concesiones formales; sobre todo en Pataz y en el corredor minero del sur, en donde se produce cerca del 40% del cobre nacional.

Ante esta situación, sectores que pretenden contemporizar con la minería ilegal han comenzado a hablar de las llamadas concesiones ociosas al margen de las normas y legalidad de la minería. La influencia de los sectores que toleran a la minería ilegal incluso llega a algunas bancadas del Legislativo.

¿Qué sucedería si en el Perú se aprobara el criterio de las concesiones ociosas? En el acto se legalizarían todas las invasiones que existen en las concesiones formales de oro y cobre. Por ejemplo, el tajo Sulfobamba del proyecto Las Bambas, uno de los más grandes del planeta, está invadido por mineros ilegales en cobre. Y por otro lado, se alentaría un proceso de toma de minas – a semejanza de la toma de tierras antes de la reforma agraria del velascato– que terminaría con el sistema de propiedad moderna en la minería y el propio Estado de derecho. El motivo: las concesiones mineras están amparadas en la Constitución y los tratados internacionales.

Es inaceptable entonces la propuesta de calificar a las concesiones formales como espacios de posibles concesiones ociosas. El Perú no lo debe aceptar y debe empezar una cruzada nacional en contra de la minería ilegal.