El proyecto de Ley MAPE: un avance en la lucha contra la minería ilegal 

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ha anunciado que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley sobre Minería Artesanal y Pequeña Minería (Ley MAPE) al Congreso con el objeto de relanzar el proceso de formalización de la pequeña minería y de luchar en contra de la minería ilegal.

En algunos sectores ha surgido una duda sobre la eficacia de esta iniciativa en la lucha contra la ilegalidad, sobre todo con respecto a la eliminación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), porque el proyecto elimina formalmente el registro mencionado, pero establece un régimen de consolidación de un año y medio para los 30,000 pequeños mineros que todavía continúan su proceso de formalización. 

A partir del 1 de enero del próximo año se crearía el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Formape, institución que estará adscrita al Minem) que, mediante procesos formalizados, simplificados y con ventanilla única, tramitaría la formalización de los 30,000 pequeños mineros señalados. La duda surge porque un pequeño sector de los actuales inscritos que desarrollan minería ilegal en concesiones formales de la provincia de Pataz y del corredor minero del sur están exonerados de responsabilidad penal. No pueden ser desalojados ni procesados por la justicia. Se debería aclarar ese punto para despejar dudas. ¿Cuándo se desaloja a los invasores de las concesiones formales?

Sin embargo, el aspecto transformador de la iniciativa del Ejecutivo no solo está en los procesos simplificados y abreviados de la formalización minera, sino en la decisión de pasar la supervisión y vigilancia de las plantas de beneficio de minerales –es decir, pequeñas refinerías sin minas– a la supervisión del régimen general del Estado. El Ejecutivo ha anunciado que las plantas de beneficio que procesen más de 25 toneladas métricas por día ya no estarán bajo la supervisión de las regiones, sino bajo el sistema general.

¿Qué significa una medida de este tipo? Como se sabe, el Instituto Peruano de Economía (IPE) en una investigación ha señalado que durante el primer semestre de este año el oro ilegal exportado supera en 8.7 toneladas al oro de procedencia legal. El oro ilegal sumó el 54.7% del total exportado. ¿Cómo es posible que suceda algo así? ¿Acaso en el país ya no existen la legalidad ni el sistema de propiedad?

Una de las explicaciones de este fenómeno es la supervisión de las plantas de beneficio que procesan el mineral de terceros. En un sector reducido de las plantas se puede estar procesando mineral ilegal al lado de mineral de procedencia legal. He allí la única posible explicación del fenómeno del desborde de la minería ilegal en oro.

En el Perú existen alrededor de 357 plantas de beneficio y se considera pequeña minería a las que procesan hasta 350 toneladas métricas por día. Según el proyecto de ley MAPE del Ejecutivo las plantas serán supervisadas por el régimen general desde las 25 toneladas.

Bajo esta nueva regulación la mayoría de las plantas serán fiscalizadas –tal como sucede con todas las empresas de la minería moderna– por la OEFA del Ministerio de Ambiente, la Sunat del sector Economía, la Sunafil del sector Trabajo, la Sucamec del Ministerio del Interior, de Serfor del sector Agricultura, de la Autoridad Nacional del Agua, entre otras entidades.

Semejantes medidas nos permiten señalar que la lucha en contra del avance de la minería ilegal realmente ha empezado en el Perú, y por esas razones se puede afirmar que el proyecto de ley MAPE anunciado representa un gran avance en la lucha contra la minería ilegal.

En el Ejecutivo incluso debería existir la convicción de impulsar estas medidas al margen del Congreso. Existe la posibilidad de que estas iniciativas sean rechazadas por la cámara de Diputados en donde ha surgido una mayoría del extremismo radical. En ese caso, el Gobierno debería recurrir a los Decretos de Urgencia.