Cuando los buenos están armados el mal retrocede

La semana pasada un civil que portaba legalmente un arma evitó una masacre en una escuela primaria de Oregón, al abatir a un hombre que ya había matado a tres niños con una escopeta y dejado gravemente heridos a otros dos y a un profesor. La prensa seria, las redes sociales y las autoridades lo califican como un héroe, con toda razón.

Kayleb Giamanco pasaba por delante de la escuela primaria donde estudian sus dos hijas a la hora del almuerzo cuando escuchó los disparos. De inmediato ingresó corriendo al colegio y neutralizó al atacante. La sociedad norteamericana reconoce y aplaude al unísono su heroica actuación. Un hombre bueno, armado, evitó que la tragedia fuera aún mayor.

No me cuesta mucho imaginar cuán distinto sería el escenario mediático en el Perú, donde fiscales y jueces socialistas tratarían de construir una carrera encarcelando al héroe, como ha ocurrido tantas veces con civiles que se han defendido y con policías o militares que han neutralizado a criminales en cumplimiento de la misión que les encomendó la patria.

Lo que me parece racionalmente inexplicable es que un ministro del Interior que en el pasado combatió con valentía y éxito al terrorismo socialista de Sendero Luminoso y el MRTA haga suyos los planteamientos de desarme de la población civil honesta que el hoy agonizante chavismo pretendió instaurar desde los tiempos de Humala. Presumiblemente, esto ocurre por desconocimiento, combinado con la manipulación de viejos funcionarios socialistas enquistados en el Mininter gracias a su estabilidad laboral.

La Ley N.º 30299, que regula el uso civil de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados, fue publicada el 22 de enero de 2015 y entró en vigor en julio de 2016, con la publicación de su reglamento. Se trata de una norma que, a mi juicio, merece reconocimiento por su concepción y alcance, y que ha sido elogiada como la mejor de su tipo en Iberoamérica.

La ley funcionó bastante bien mientras hubo funcionarios responsables y probos a cargo de su aplicación. Con la llegada del socialista Pedro Castillo, la administración pública fue asaltada por individuos carentes de criterio y, a menudo, con tendencias y actitudes más que sospechosas de animus delictivo. Sucamec no fue la excepción. Hubo funcionarios que omitieron ejercer la facultad, plenamente sustentada en la ley, de informar sobre conductas notoriamente sospechosas que terminaron complementando el tradicional suministro de armas de dotación militar o policial con armas provenientes del circuito civil.

Es, pues, un problema de personas y no de normas. Y no se corrige endureciendo los controles sobre los civiles honestos y respetuosos de la ley, sino reemplazando a los funcionarios por personas idóneas. El número de armas que una persona puede poseer para su defensa personal ya está regulado por ley y, según sostengo, ese régimen no ha generado un solo caso delictivo atribuible a ese límite. Si no está roto, no trates de arreglarlo.

El número de armas de caza no está limitado, porque existen muchas más modalidades de caza de las que conocen los funcionarios urbanos que no conocen más campos que el parque. Tampoco está limitado el número de armas destinadas al tiro deportivo, porque existe un número creciente de modalidades que supera ampliamente las pocas contempladas por el Comité Olímpico Internacional.

El propio ministro del Interior posee legalmente una nutrida cantidad de armas, lo que no lo convierte en sospechoso. Son pocos los casos en los que la ausencia de un límite numérico para determinadas categorías de armas ha generado problemas. Se trata de personas que, sin contar con ingresos legales que justificaran esas adquisiciones, compraron sospechosamente múltiples ejemplares de las mismas armas en períodos cortos. Este fenómeno comenzó a observarse apenas Pedro Castillo llegó al poder, en un contexto de sospechosa inacción de los funcionarios que él puso al frente de Sucamec.

¿Serían esas armas quizá destinadas a generar los ríos de sangre que anhelaba aquel malhadado ministro de entonces? ¿O había algo igualmente grave, como su desvío hacia el hampa sin motivación ideológica alguna? Insisto, no es un problema de normas sino de personas. Y si no está malogrado no lo arregles.