Del minifundio a la agroexportación: el reto de Majes Siguas II

Majes Siguas II es una oportunidad que el Perú no puede desperdiciar. El proyecto, con una inversión superior a los S/ 7,700 millones, permitirá irrigar 40,000 nuevas hectáreas en Arequipa, sumándose a las 16,000 que ya transformó la primera etapa. Si se gestiona bien, puede convertirse en un motor de agroexportaciones, empleo formal y desarrollo regional. Sin embargo, la historia de Majes Siguas I demuestra que una obra de esta magnitud no garantiza por sí sola un cambio estructural.

La primera fase, impulsada en la década de 1980, terminó generando una alta fragmentación de tierras. La intención inicial de consolidar productores competitivos se diluyó en la creación de minifundios, unidades de menos de cinco hectáreas que apenas producen para la subsistencia. Esta realidad no solo limita la productividad, sino que perpetúa la pobreza rural. Hoy, más del 95% de las parcelas agrícolas en el Perú son minifundios, manejados por más de dos millones de familias que carecen de acceso real a crédito, tecnología o mercados.

Majes Siguas II no puede repetir ese error. La adjudicación de tierras debe orientarse a unidades productivas viables, con dimensiones que permitan mecanización, riego tecnificado y capacidad de inversión. Esto no implica excluir al pequeño agricultor, sino integrarlo en modelos asociativos que faciliten el acceso a tecnología, financiamiento y comercialización. Las asociaciones público-privadas (APP) serán fundamentales para lograrlo. En la primera etapa, el mantenimiento de canales y represas quedó en manos del Estado, lo que derivó en deterioro y altos costos de rehabilitación. En la segunda, los privados deben participar no solo en la construcción, sino también en la gestión y el mantenimiento, aplicando criterios de eficiencia y asegurando un uso óptimo del recurso hídrico.

El éxito del proyecto depende también de infraestructura complementaria: carreteras, centros de acopio, redes de frío y plantas de procesamiento que permitan que la producción compita en mercados internacionales. Sin un entorno legal estable que atraiga inversión, la irrigación por sí sola no bastará. La derogación de la Ley de Promoción Agraria en 2020 eliminó incentivos que habían permitido formalizar a más de un millón de trabajadores y reducir drásticamente la pobreza rural. Desde entonces, la formalidad laboral en el agro ha retrocedido y la inversión privada se ha frenado. Restablecer un sistema promocional agrario es clave. La agricultura moderna exige inversiones intensivas y largos plazos de recuperación, por lo que necesita estabilidad normativa, beneficios tributarios y flexibilidad laboral para planificar y crecer.

El potencial es enorme. En apenas el 5% de las tierras agrícolas, las empresas modernas han convertido al Perú en una potencia agroexportadora, ubicándose entre los diez mayores exportadores del mundo. Productos como uvas, arándanos, paltas o espárragos han llegado a decenas de mercados, generando miles de empleos formales. Si se ejecutaran todos los proyectos hídricos en cartera, el país podría sumar 400,000 hectáreas para exportación y multiplicar por cuatro el valor de sus ventas agrícolas, impulsando polos de desarrollo urbano y tecnológico en regiones que hoy dependen de economías de subsistencia.

Otro aspecto central es la forma de adjudicar y comercializar las tierras de Majes Siguas II. Si se repite el esquema de venta directa en parcelas pequeñas, el resultado será nuevamente la atomización productiva. Las APP pueden garantizar procesos transparentes, competitivos y orientados a la productividad, evitando la especulación y priorizando proyectos con planes claros de inversión y empleo. Los contratos con operadores privados deben incluir obligaciones explícitas de mantenimiento de la infraestructura, para evitar el abandono y la pérdida de capacidad hídrica.

Majes Siguas II es también una oportunidad para planificar el desarrollo regional. No se trata solo de cultivar más, sino de generar nuevas ciudades agrícolas con vivienda, servicios, educación y actividades económicas complementarias. Bien gestionado, el proyecto puede propiciar una migración inversa desde las ciudades costeras y altoandinas hacia localidades con empleo formal y calidad de vida, reduciendo la presión urbana y fortaleciendo la economía regional. También puede convertirse en un catalizador para la investigación universitaria y la innovación biotecnológica, aportando valor agregado a la producción.

El riesgo más grande no es técnico, sino político. La infraestructura puede construirse, pero si no se evita la fragmentación de tierras, si no se garantiza un esquema de mantenimiento eficiente y si no se asegura un marco legal estable, el proyecto puede terminar como otra promesa incumplida. El agro peruano necesita una visión de largo plazo y un compromiso real del Estado para articular infraestructura, inversión privada y gestión moderna. Majes Siguas II ofrece la posibilidad de transformar no solo tierras desérticas, sino también la vida de miles de familias. La segunda oportunidad está aquí; desperdiciarla sería imperdonable.