Acoso inadmisible

Burocracia persiste en enrarecer clima de inversión en telecomunicaciones

Como se sabe, el Perú tienen una déficit de infraestructuras de más de US$80,000 mil millones, que necesita cerrar en el menor tiempo posible para poder garantizar un desarrollo económico sostenido, y el medio para avanzar rápido en esa dirección es la inversión privada; de allí la importancia de promover un clima de inversión favorable para atraer los capitales que se requieren para cerrar la brecha. Lamentablemente, en los últimos años se ha hecho poco por promover dicho clima; peor aún se ha instalado en la burocracia una clara tendencia anti-inversión que genera desconfianza en los inversionistas, y que se aprecia de manera particular en el sector telecomunicaciones.

Resulta incomprensible esta actitud negativa cuando el país necesita con urgencia cubrir un déficit de infraestructura en telecomunicaciones de US$19,700 millones, que representan el 21.8% de la brecha total de infraestructuras, y cuando todos sabemos que el avance vertiginoso de las tecnologías hace de las telecomunicaciones modernas una herramienta imprescindible para avanzar hacia el desarrollo económico, el único camino que conduce a erradicar la pobreza.

Nuestra historia reciente nos enseña además que la llegada de las telecomunicaciones a los pueblos jóvenes y a las zonas rurales del país ha contribuido de manera importante a que miles de familias dejen la pobreza. Esto ha sido demostrado a través de diversos estudios. El Banco Mundial y las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han advertido que la ausencia de tecnologías de comunicaciones e información (TCI) contribuye en ensanchar las brechas de pobreza en el mundo.

Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE, El Impacto de Afin, abril 2014) revela el impacto que ha tenido la penetración de la telefonía, sobre todo de los celulares, en la reducción de la pobreza. Al respecto, precisa que un incremento de 1% en la densidad de telefonía celular por cada 100 habitantes habría reducido la tasa de pobreza entre 0.25% y 0.08%. Indica además que el acceso a los celulares ha permitido que los ingresos de los hogares pobres se incrementen 23%.

El estudio también señala que nueve empresas de telecomunicaciones invirtieron en el período 2007-2012 un total de 12,762 millones de soles, lo que equivale a una inversión promedio anual de 2,127 millones de soles, que generó decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, lo que constituye otro aporte adicional importante para combatir la pobreza.

A la luz de las hechos y cifras señalados, nos preocupa el acoso a que vienen siendo sometidas las empresas operadoras de telecomunicaciones por parte del organismo regulador (Osiptel) y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El primero imponiendo sanciones y multas por errores o faltas menores, o aisladas, que no afectan al mercado; y el segundo aplicando un criterio negativo en la evaluación de las inversiones realizadas, que considera solo las sanciones e ignora los logros de los programas de inversión. Como consecuencia de este enfoque sesgado, el MTC viene reduciendo los plazos de las concesiones otorgadas, generando zozobra en los inversionistas que de pronto ven que una concesión que recibieron por 20 años se reduce a 15, trastocando por completo su horizonte de inversión y operación del negocio.

Creemos que el Estado debe cumplir un rol regulador y fiscalizador de la inversión privada, en salvaguarda de los intereses de los usuarios, pero de ninguna manera puede ser un persecutor implacable de las empresas operadoras.

Lo más lamentable es que la actitud hostil no es un hecho aislado, pues muchas otras empresas son acosadas a diario por inspectores laborales, ambientales, tributarios, sanitarios, municipales etc., predispuestos a sancionar y a bloquear trámites, licencias, permisos, autorizaciones, etc., para ganarse elogios de altos burócratas que, al escuchar desde el poder discursos que levantan sospechas sobre la inversión privada, se convierten en persecutores antes que servidores.

Lamentablemente, el gobierno ha decidido ignorar esta realidad, aún cuando ello signifique perder inversiones que traen oportunidades para que millones de peruanos alcancen el sueño de salir de la pobreza e incorporarse a la nueva clase media.