¿Reforma policial o de la seguridad interior?

Recientemente el Gobierno de Dina Boluarte anunció una nueva reforma policial, la quinta en prácticamente 20 años, a raíz de los graves sucesos en los cuales se vieron involucrados varios comandos de la institución con un oscuro personaje ligado al golpista Pedro Castillo. Desde el Gobierno de transición de Paniagua ha habido cuatro procesos de reforma de la Policía Nacional del Perú (PNP), en los años 2001, 2011, 2016 y 2020. Estas “reformas” de carácter reactivo no han logrado resolver de manera integral los problemas estructurales de la PNP; aún seguimos discutiendo sobre la falta de Policías en las calles, falta de medios, recursos tecnológicos e infraestructura básica, con más del 40% de comisarías en mal estado, calidad de escuelas de formación y un largo etc.

En este sentido la Política de Seguridad Ciudadana, con el lastre de cuatro reformas de la policía, ha quedado inconclusa, representando en la práctica la política pública que más reformas ha experimentado en el tiempo, con pocos réditos y un desolador panorama. Muchas de estas reformas fueron declarativas y tenían buenas intenciones, pero sin ninguna vinculación de compromiso de carácter político, así como presupuestal, para cumplir sus objetivos y metas,

Hoy estamos ante una quinta reforma policial de carácter reactivo. Parte de las últimas, sobre las que se han elaborado propuestas; en la práctica quedaron en buenos ejercicios de planificación o académicos guardados en alguna oficina como parecería ser el caso de la reforma de la última del 2020. Por lo tanto, la pregunta cae de madura: ¿qué queremos hacer con la PNP para el largo plazo? ¿O queremos nuevamente una reforma cosmética?

En este sentido, para una reforma policial de largo aliento consideramos fundamental revisar las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional sobre seguridad ciudadana, la Visión Perú y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050. Asimismo, la Política Multisectorial de Seguridad y Defensa (PMSD) al 2030. Todo lo anterior tomando como base el Plan Estratégico de Capacidades de la Policía Nacional del Perú al 2030 Mariano Santos Mateo (MS30): una iniciativa de modernización y reestructuración elaborada por la PNP. Titulado luego “Bases para el fortalecimiento y la modernización de la Policía Nacional del Perú” que contempla una serie de objetivos estratégicos y presupuestos requeridos.

Una reforma policial aislada y sin internalizar lo anterior será más de lo mismo. En esa línea, ¿acaso no es mejor ver el tema de la reforma policial dentro de la reforma de Estado, específicamente en seguridad interior y por ende seguridad ciudadana en vez de ver aislado el tema de la PNP? ¿Dónde queda la Política de Migraciones del Perú ante incremento de la población extranjera? La crisis de inmigrantes en la frontera peruano chilena es un ejemplo de ello. ¿Dónde queda la política penitenciaria con cárceles hacinadas? Tenemos casi 100,000 internos para una capacidad instalada no mayor a 40,000.

Por otro lado, ¿La cantidad de efectivos de la PNP es suficiente? Pues no, tenemos menos de 200 policías por cada 100,000 habitantes, cuando la media regional es 400 policías. Es harto conocida la preocupación de los gobiernos locales, que solicitan dramáticamente al Ejecutivo mayor presencia policial en sus distritos. Con casi la mitad de comisarías en mal estado, no es posible preparar un Plan Multianual de Inversiones para reparar y construir nuevas comisarías del territorio nacional. ¿Por qué no podemos planificar adecuadamente el reemplazo progresivo de las plataformas terrestres (patrulleros y vehículos de transporte de personal principalmente) y plataformas aéreas requeridas? 

Por último, ¿cómo se encuentra la Institucionalidad de la PNP en este momento? Creemos que la PNP fue una de las instituciones más afectadas por los excesos del Gobierno de Castillo, lo que se inició con el maltrato a los altos mandos de la PNP durante los Gobiernos de Sagasti y Vizcarra. ¿Entonces qué hacer?

Algunas propuestas. Lo primero e indispensable es recuperar el principio de autoridad a nivel nacional por parte del Gobierno central. Se entiende el derecho a la protesta social pacífica, pero resultan inaceptables los hechos que vimos durante las manifestaciones en Lima, en los meses de enero y febrero para tomar el Congreso y deponer a la presidenta, que fue un plan a todas luces premeditado. El sicariato, asesinatos a sangre fría, descontrol en la seguridad ciudadana y la vejación de símbolos patrios son la gota que ha colmado el vaso. Es inaceptable ceder ante los antisociales en cuanto a la delincuencia y ante la violencia subversiva aún latente en el sur. Es deber fundamental del Gobierno hacer cumplir la Constitución y las leyes respetando irrestrictamente los DD.HH.

En este sentido, es fundamental devolver la institucionalidad a la PNP. Para ello necesitamos una Política de Estado, después del maltrato sistemático de Castillo a la PNP, con complicidad de los ministros del Interior que tuvo. Debemos buscar un consenso nacional y una nueva Política de Estado de cautela a la institucionalidad de la PNP, similar a la Política 25 del Acuerdo Nacional: “Cautela a la institucionalidad de las FF.AA.”

Por ello es importante una reforma integral de los sistemas de seguridad interna más allá de la reforma policial alineadas con el horizonte del PEDN al 2050 y de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa al 2030. El actual Ministerio del Interior debería llamarse Ministerio de Seguridad Interior. Asimismo, en la búsqueda del policía comunitario, se debe proponer la desmilitarización de la PNP; las reformas iniciales apuntaban a ello, pero ahora hemos regresado y con más fuerza a un proceso de militarización de la PNP. Por ejemplo, hemos pasado de un director general de la PNP a un comandante general de la PNP. Se requieren normas explícitas para la PNP, independiente de las FF.AA., Código de Justicia Policial, Ley de Remuneraciones Policiales, Ley Pensiones Policiales, entre otras.

Concurrentemente con la Política Nacional Competitividad y Productividad se deberá atraer los mejores RR.HH. de la juventud para servir a la PNP, que estén representados todas las sangres. La profesión del policía debe ser bien remunerada, con adecuadas prestaciones sociales en especial de salud y un alto sentido de meritocracia. En buena cuenta, es necesario recuperar el prestigio de antaño, dada la situación extrema de falta de recursos para la PNP. Y también facilitar su mejor planificación presupuestal e inversiones, gestionar presupuestos bianuales o plurianuales a la PNP para que proyecten sus adquisiciones y proyectos de inversiones (PIP).

Por último, la reforma policial debe ser de carácter proactivo, propositivo y medible con claros indicadores de gestión, de estricto cumplimiento para todos los gobiernos en su horizonte de aplicación. Asimismo, se debe evaluar el apoyo de expertos de países amigos y de organismos internacionales, minimizando o evitando la participación de quienes ya estuvieron en los anteriores y fracasados procesos de reforma policial.