Políticas de seguridad reactivas, fracaso asegurado

La violenta inseguridad ciudadana que padece actualmente el Perú es fruto de la combinación de la una expansión racionalmente planificada de antemano por parte de cárteles criminales, y de la falta de anticipación y profesionalismo de todos los operadores del sistema de justicia peruano (Mininter, PNP, MP, PJ e INPE). Cabe, claro está, presumir un deliberado laissez faire laissez passer (dejar hacer y dejar pasar) en función a objetivos políticos, si tomamos en cuenta los antecedentes ideológicos y amicales, y las notorias admiraciones de quienes encabezan algunos de dichos entes.

Para entender el nivel de planificación, es importante entender que el Tren de Aragua surgió “coincidentemente” durante el periodo en el que el poderoso Tareck El Aissami (pieza clave del chavismo muy cercana al régimen iraní) era gobernador de Aragua. Eso hace sospechar a muchos analistas que, en paralelo a las motivaciones pecuniarias criminales, podría tratarse de operadores del gobierno proiraní de Maduro. 

Dado el calibre de la amenaza, será imposible derrotarla reactivamente, sin un diagnóstico profesional continuamente ajustado, sin planeamiento estratégico y sin una conducción profesional capaz de adecuarse a la variabilidad del modelo de crimen globalizado. No es recomendable en absoluto pretender soluciones basadas en reacciones emocionales, comprensibles pero inútiles, que a menudo agravan el problema. Eso acaba de ocurrir con una trágica excepción, aparentemente accidental, en el homicidio seguido de suicidio en el local del restaurante Panchita, ubicado en el distrito limeño de Miraflores. 

Al iniciar los estudios en toda facultad de derecho el futuro abogado aprende que las normas de carácter general no se redactan ni promulgan basándose en casos aislados, por muy mediáticos o escandalosos que estos sean. La producción de normas legislativas aplicables erga omnes (a todos) debe basarse en el estudio de la casuística reiterada no en la excepción ni en un caso en particular. 

Adicionalmente desde que en 1985 en que se publicó el libro El otro sendero, se empezó a aplicar en el Perú la doctrina académica del “law and economics” o estudio de los efectos reales de una norma (a menudo opuestos a los hipotéticos) . Hoy es profesionalmente inexcusable no aplicar los criterios que provee tal herramienta.

Los ciudadanos honestos que no cuentan con escolta policial –como la que protege a ministros, jueces y alcaldes– ni con medios para contratar guardaespaldas, buscamos equiparnos legalmente con armas para protegernos y proteger a nuestras familias de la violencia delincuencial. Una violencia a la cual, lógicamente, se es más vulnerable justamente al transitar por la vía pública o al estar en un local público. 

La aparente negligencia fatal novata de un individuo no justifica dificultar el derecho a la defensa personal eficiente de ciudadanos honestos; a la par que como efecto contrario se facilita la seguridad del delincuente para operar, a sabiendas que ninguna de sus víctimas podrá defenderse. Anticipo varios efectos dañinos altamente probables de la norma municipal que prohíbe el ingreso con armas a restaurantes, bares y cases del distrito:

1. Las personas honestas que porten legalmente armas optarán por ir a establecimientos equivalentes en detrimento del interés de los locales miraflorinos.
2. Los empresarios del rubro, ya bastante golpeados por la crisis, verán encarecidos sus costos operacionales por la instalación de pórticos detectores y/o la contratación de personal que revise con paletas detectoras a los clientes, medidas que solo beneficiaran a quienes provean comercialmente esos equipos o servicios.
3. A los verdaderos delincuentes solo les causarán risa dichos métodos, ya que no impedirán su ingreso violento, por el contrario les otorgarán mayor grado de seguridad en su “trabajo’.
4. Se incrementarán los robos de armas dejadas en los autos por los comensales para poder ingresar a los locales en los que se prohíbe su porte. La experiencia mundial recomienda no dejar jamás el arma en el auto.

Presumo que quienes acudan en defensa de la norma de marras, aludirán al riesgo que implica una persona armada que beba licor en exceso. Aun en ese caso, el factor que racionalmente debería sancionarse es justamente la venta de cantidades excesivas de licor a cualquier cliente o grupo de clientes, ya que esos riesgos se extienden, van más allá del hecho que porte o no arma fuera de los límites del local. Por otro lado, ya la legislación en la materia (en cuya redacción me tocó parte activa) contempla sanción para eso.

Espero sinceramente que, tras la impresión inicial, el municipio de Miraflores recapacite y deje sin efecto o modifique la norma promulgada.