Patricio Krateil
Págate tu película
Reducir los aportes del Estado no es censura, es mesura

El Congreso aprobó finalmente la nueva Ley de Cine, impulsada por la congresista Adriana Tudela. Esta norma modifica el sistema de estímulos económicos para las producciones nacionales, limitando el financiamiento estatal a un máximo del 50% del costo total de una película. Además, introduce una serie de beneficios tributarios para incentivar la inversión privada en el sector.
Sin embargo, como ya es costumbre en nuestro país, los mismos de siempre pegaron el grito al cielo. Cada vez que el Estado decide dejar de regalar dinero, aparecen los "defensores de la cultura" alegando ataques a la creatividad. El cambio ha generado críticas desde el sector cinematográfico, que teme por el futuro de los proyectos independientes y la reducción del financiamiento público.
Pero vale la pena hacerse algunas preguntas incómodas. ¿Era realmente sostenible que el Estado cubriera hasta el 100% de los costos de una película, como lo permitía la norma anterior? ¿Por qué el cine tendría que gozar de privilegios que no tienen otras actividades productivas? ¿Debe el arte vivir eternamente de las dádivas públicas mientras en el Perú todavía hay zonas sin carreteras, sin hospitales y sin calefacción en plena sierra?
Detrás del escándalo y las protestas caviaronas, se esconde una verdadera discusión mucho más seria: la de las prioridades nacionales y la responsabilidad fiscal. Algunos gremios del cine han denunciado la falta de consenso en la aprobación de la norma, un alegato sin ningún sustento visible hasta el momento. Y advierten que esta podría afectar avances en equidad de género o en la promoción de lenguas originarias. Sin embargo, es fundamental entender que recortar fondos públicos no equivale a abandonar al cine y mucho menos puede llamarse “censura”.
En ningún lugar del mundo reducir el presupuesto estatal es sinónimo de reprimir la libertad creativa. Así que dejen de mentirle a las personas. No es censura, es mesura. En ese sentido, algo que siempre he sostenido es que la industria del cine, como cualquier otra dentro del mercado, debería sostenerse en función del interés del público. Si tus obras no conectan con la gente o no generan audiencia o algún tipo de retorno, ¿cuál es entonces el incentivo para mejorar o innovar?
Hay que dejar en claro que todo avanza en función del conocimiento. Sin conocimiento previo no existe la posibilidad de hacer un cálculo a futuro. Si no sabes qué desea tu público o que podría gustarle –puesto que no te riges bajos las normas del mercado– estás condenado a no tener información presente ergo será nula la creación de conocimiento futuro. En otras palabras, seguir financiando películas que nadie ve es sostener un sistema disfuncional. Lo más doloroso es que estas cintas están financiadas con los impuestos de todos, incluso de aquellos que jamás verán una sola cinta de estas producciones.
¿Quizás sea mejor pensar en el Perú y dejar de lado tanto fetiche europeísta? De todas formas, la gota que rebalsó el vaso del progresismo del séptimo arte fue el evento “La versión del Gobierno”, donde se proyectó una versión supuestamente “censurada” de La Boca del Lobo.
No obstante, esto lo único que revela es el miedo de una élite cultural limeña a perder sus privilegios y no la amenaza real a la libre expresión que tratan de vendernos. Entonces, acá la verdadera pregunta es, ¿esta ley perjudica al cine nacional, o simplemente incomoda a quienes por tantos años estuvieron acostumbrados a vivir del dinero de todos los peruanos?
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