Lentitud versus responsabilidad

En la toma de mando de los últimos presidentes constitucionales no ha sido extraño que, al inicio mismo de su mandato, se pida delegación de facultades, para que el Poder Ejecutivo, que se inicia en el mandato, pueda realizar acciones de urgencia o de prioritaria atención, sin que sea necesario que pase por las instancias congresales.

En aquellas oportunidades el Congreso era unicameral y, aparentemente, las gestiones y solicitudes que presentaba en un inicio el nuevo gobernante eran vistas con celeridad. Ahora nos enfrentamos a una realidad mucho más compleja que es necesario entender y, me atrevería a decir, es menester desentrañar lo que viene sucediendo.

No es un secreto que la elección de la presidenta Fujimori fue, en mucho, una carrera de perseverancia, luego de haber perdido en 2011 en la disputa con Ollanta Humala, en el 2016, al enfrentarse sin éxito a Pedro Pablo Kuczynski y, en el 2021, al ser derrotada por Pedro Castillo. Es por eso que todos reconocen la tenacidad de Fujimori y se asume que desde los tiempos en que actuó como congresista hasta el día actual, han pasado unos 25 años, en que se ha ido gestando una madurez política y, sin duda, una vital necesidad de ganar las elecciones.

Señalo lo anterior porque si bien, como se sabe, la delegación de facultades se ha convertido en una norma tácita, esa experiencia adquirida por la nueva presidenta en las últimas décadas, debió permitirle usar el llamado “olfato político”, para dos realidades: acotar el margen de los objetivos que se proponía en la solicitud de facultades y, por supuesto, sopesar que ya no se trata de un Congreso como el anterior, sino una realidad bicameral muy compleja a lo que se añade que, por lo menos la Cámara de Diputados, es en su mayoría un universo que le es adverso.

¿Por qué es así? Creo que hay severa inmadurez en esta nueva concepción parlamentaria y pareciera que poner obstáculos y dificultar la gobernabilidad, justificara esa novedad política en el Parlamento. Todo esto es también, consecuencia de los tan ajustados resultados electorales que si bien concluyó con una diferencia numérica pequeña, mostró la polarización política que se vive en el Perú, a lo que se puede agregar que los sectores perdedores, han optado por hacerse notar, no por su eficiencia, comprensión, lucidez y aporte, sino porque se note que existen al decir que no, sin saber, creo, realmente por qué.

En temas asociados a la inmediatez del fenómeno de El Niño la presidenta está actuando mediante el recurso de “decretos de urgencia”, un criterio al que no puede (o no debe) echar mano en otros campos de acción. Es por ello que el mismo día en que juró el cargo, presentó ante el pleno del Congreso, la solicitud de delegación de facultades por un periodo de 120 días en temas que, a lo largo de su campaña, habían sido expresados como prioritarios.

Se incluyeron temas de modernización del Estado, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, acción inmediata en asuntos de seguridad nacional, simplificación administrativa, reforma tributaria y acción inmediata en la reforma del sistema penitenciario. A mi criterio, no debió ponerse en el mismo “saco” materias tan diversas y, en muchos casos, complejas de sustentar. Pudo también, la presidenta Fujimori, utilizar tanto la potestad de solicitar ese margen de libre acción con facultades legislativas y, al mismo tiempo, dotar a sus equipos en el Parlamento, de proyectos de ley de atención importante, pero no de tanta relevancia. Quizá, haber acotado el margen de lo solicitado, habría permitido, de haber habido buena voluntad, una mayor celeridad.

Lo anterior, que es una opinión personal, no es óbice en absoluto para la temeraria lentitud con que la Cámara de Diputados ha tratado el tema. Por ejemplo, recién el 31 de agosto, es decir más de un mes después de la toma de mando y de la presentación de la solicitud de esas facultades, la Cámara Baja emite un documento dirigido al presidente del Congreso de la República en el que indica que se “advierte” (¿cómo se debe entender el uso de este verbo?, es un tema para ser tratado aparte) que no se ha adjuntado el acta de la sesión del Consejo de Ministros y que contar con ese acta es requisito indispensable, para que dicha Cámara, pueda actuar. Me pregunto si en más de un mes no se percataron de ese detalle, que, por supuesto debió subsanarse de inmediato para que se pudiera trasladar todo el asunto, a la Comisión respectiva. Han pasado 62 días hasta tener un “veredicto” en Diputados que debe, como corresponde, pasar aun a la Cámara Alta.

El Poder Ejecutivo debe actuar con prudencia y no perder la paciencia, aunque hayan estado tentados de hacerlo. Ese es un problema de resistencia y quien no resiste, es la población que ve la inmadurez política de quienes han asumido a cargos en el universo del Poder Legislativo y que lejos de comprender la urgencia de actuar, con vigilancia y observación, estiman que están haciendo un servicio al país, deteniendo la acción, obstaculizando antes de comenzar las labores y gestando un sin sabor en el mundo nacional que lleva, necesariamente, al mayor descrédito del actuar en política.

Pareciera que el diálogo no puede entablarse, que la negociación en favor del país y su gente no es una ruta posible y que la confrontación de quienes se sienten perdedores en el último proceso electoral, quieren hacer conocer su frustración, actuando con infantilismo, falta de seriedad y nula comprensión de lo que es su responsabilidad, que va más allá de lo que estipula un reglamento.

Espero que en la Cámara de Senadores se actúe con presteza y grandeza, lo que no significa dar un cheque en blanco ni mucho menos dejar de ejercer una correcta supervisión. Situaciones como las que estamos viviendo en el campo de la política del día a día, pareciera que podríamos pensar que esa madurez que se soñó poder implementar con la bicameralidad, fue solo eso: un sueño del que despertamos con profundo sinsabor.