Insurgencia en Puno: modelo cocalero

La historia política de Bolivia está marcada por conflictos y luchas sociales, con modelos de insurgencia que combinan tácticas militares y políticas para reemplazar regímenes establecidos con cierta influencia leninista.  Esta insurgencia ha sido estudiada por David Spencer y Hugo Acha, especialistas en crimen organizado internacional, que buscan explicar el fenómeno.

En 1935, al finalizar la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia por el control de territorios limítrofes, muchos veteranos de guerra regresaron con sus armas personales, formando grupos armados y sentando las bases de futuros movimientos insurgentes.

En 1941 los mineros armados se unen a otros grupos de trabajadores y campesinos para formar el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR). Pero, tras la crisis de la minería en la década de 1950, el Gobierno indemnizó a los mineros con unos US$ 2,000, quienes emigraron a la zona del Chapare y expandieron el cultivo de coca en 40,000 hectáreas, convertidas en fuente para financiar acciones insurgentes.

En 1988, con la Ley 1008, se controla la producción de cocaína y la zona del Chapare fue el centro principal de erradicación, lo que lleva a los cocaleros a contratar a expertos en explosivos de la minería y a grupos terroristas como Sendero Luminoso, ELN de Colombia y ETA vasco, organizando la Policía Sindicalista. Los intentos de erradicación de 1995 agruparon a 35 mil familias campesinas en milicias, formando 6 federaciones. Pero la operación de Alto Hornos de 1996 les permite comprender los efectos del bloqueo de carreteras, además de la importancia de influir en política. Ofrecen apoyo económico a varios partidos, pero sólo la Izquierda Unida (PIU) acepta; y en 1997, el Movimiento al Socialismo (MAS) ingresa al Congreso con cuatro diputados cocaleros, entre ellos Evo Morales.

Durante el gobierno de Hugo Banzer (1998-2001), se implementa el “Plan Dignidad” para erradicar los cultivos de coca, subvencionados por los Estados Unidos que invierte 952 millones en programas económicos y sociales, logrando reducir 70% la producción de cocaína, lo que incrementa las tensiones y protestas entre el gobierno y los cocaleros cuya producción representaba 600 millones.

En el 2000, la guerra del agua en Cochabamba por un aumento del 200% en las tarifas, provoca protestas masivas, conflicto visto como una oportunidad por los cocaleros, quienes se unen a los grupos sociales en las manifestaciones, convirtiéndolas en una lucha para derrocar al gobierno y aumentar su influencia política, además del tema del agua.  Pero la experiencia en la ciudad les permite entender que la lucha debía realizarse en la capital como centro del poder político.

Entre 2001 y 2002, las protestas se intensifican durante las elecciones presidenciales, donde Gonzalo Sánchez de Lozada gana con una pequeña diferencia frente al MAS, reflejando el creciente poder político e influencia de los cocaleros.

En 2003, se produjeron nuevos enfrentamientos violentos entre la policía y el ejército, sumándose manifestantes organizados, con bloqueos de carreteras, incendios de edificios gubernamentales, situación que es aprovechada por los cocaleros para controlar el altiplano, incluyendo El Alto –puerta de entrada a La Paz–, en tres fases: provocar al enemigo, invadirlo con protestas y asalto final.

Durante la "guerra del gas" en octubre de 2003, los cocaleros toman el control de El Alto, con la destrucción de infraestructura y saqueos, ante 100,000 manifestantes que rodeaban los edificios del gobierno en La Paz, logrando el retroceso del ejército y finalmente obligan al gobierno a renunciar. Asume el vicepresidente Carlos Mesa como presidente provisional, con la influencia de los cocaleros que le ofrecen dinero y poder; y, tras las elecciones, llega Evo Morales a la presidencia. El MAS se convierte en un partido político en pleno derecho y consolida su posición; instaurando la asamblea constituyente que Mesa había convocado, mostrando una supuesta continuidad.

La estrategia del MAS no fue brillante en su concepción, pero lograron adaptarla, evolucionando en su comprensión del poder. Pasaron de un intento por detener la erradicación a nivel local; a buscar influir en política con un partido cooptado; creando luego su propio partido para influir en el poder político, pero sin control; por lo que finalmente buscan el poder para instituir su nuevo orden, con el dinero de la coca como motor para comprar voluntades políticas.

El caso boliviano demuestra cómo los movimientos insurgentes aprovechan situaciones de conflicto y descontento social para expandir su influencia y finalmente, tomar el poder combinando la guerra de guerrillas, movilización social, presión política y toma de la capital para su objetivo final: reemplazar el régimen existente y establecer un nuevo orden a su medida.

Este es el conocimiento y experiencia que Evo Morales intenta aplicar en Puno, aprovechando los movimientos indigenistas para lograr cohesión grupal, sin importar las muertes y daños colaterales.  Es por ello que debemos mantenernos firmes, impidiendo el ingreso de estos grupos insurgentes; pero a su vez, combatir la pobreza y las brechas sociales.