Inclusión: tarea educativa y política

Las diferencias económicas, sociales y culturales que hay en el país –a pesar de la existencia de una serie de normas, políticas definidas y algunos esfuerzos en su tratamiento desde el aparato estatal, que fueron perdiendo, desde buen tiempo atrás, su importancia– afectan negativamente las esperanzas de los más necesitados o marginados. Ajenos a nuestros problemas, la presencia y los estragos ocasionados por la pandemia Covid 19 han de encargarse de evidenciar la grave situación de desigualdad existente entre los peruanos, al igual que los errados procesos de gestión de diversas instancias de gobierno que funcionan en el país. Eso puso en el escenario de la discusión política y la acción humanitaria, a la urgente necesidad de asumir con seriedad el tema de la inclusión. 

Si bien se trata de un asunto prioritariamente económico, en el terreno social se entiende que la diversidad, marginación y segregación presentes en nuestra sociedad, responden a situaciones, necesidades o diferencias sociales, económicas, políticas y culturales, que ameritan ser tratadas –en términos de inclusión– desde los ámbitos educativo y político, superando o “acompañando” la ejecución de programas asistencialistas. Ello implica comprometer las acciones de la familia, escuela, sociedad y Estado para contar con cimientos sólidos para superar diferencias y forjar un país con armonía.

En cuanto a lo educativo, cierto es que los documentos oficiales del Ministerio de Educación señalan que todos los estudiantes (futuros ciudadanos) tienen derecho no solo a iguales oportunidades educativas, sino también a obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos de aprendizaje. Sin embargo, parecería que tras el término de inclusión existiese una orientación exclusiva hacia la atención a niños vulnerables y con habilidades especiales, dejando de lado que las características económicas, sociales, políticas y culturales del país, y que influyen en la persistencia de las desigualdades, comprometen a muchos más, que con justeza reclaman ser incorporados. 

Asumir acciones en torno a la inclusión, nos lleva a responder a la intolerancia y crisis de valores en la sociedad, cultivando el respeto, la responsabilidad y la honestidad; fomentando capacidades productivas en el marco de la convivencia con y en la naturaleza; desarrollando competencias interculturales; y promoviendo el trato equitativo, el fortalecimiento de la cohesión social y la democracia. Del mismo modo y con mayor razón, debemos prepararnos, junto a la defensa del bien común, para el ejercicio responsable de la ciudadanía. 

Convencidos que la educación se orienta a crear personas capaces de hacer cosas diferentes y distintas, debiéramos entender junto a John Dewey que “La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida en sí misma"; del mismo modo en cuanto a nuestra responsabilidad social, importa asumir lo señalado por D. Eisenhower “La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano”. 

Sentirnos incluidos, implica ser partícipes en los escenarios económico, social, político y cultural de la sociedad, sabiendo dar y recibir lo que corresponde; supone compromiso y acción solidaria; comprende la práctica de valores en la asunción de nuestros deberes y derechos; significa sentirnos convocados por la grave crisis que afrontamos, dando cara a los problemas, valorando los avances, señalando con hidalguía los errores y atropellos que vivimos, comprometiéndonos a salir adelante haciendo política empapada de ética, lo cual es honorable de por sí.