Fallos en los fallos

Acaba de publicarse, como gran noticia, que el Poder Judicial ha dictado una sentencia de habeas corpus ordenando la suspensión del cobro del peaje de Conchán en la carretera Panamericana sur, en mérito a que dicho cobro afecta directamente el derecho de libre tránsito de los vecinos de Lurín. Los demandados son la Municipalidad de Lima, y Rutas de Lima SAC; el pedido, la suspensión del cobro hasta que se determine si el contrato de concesión es legal en las instancias penales.

Visto sólo la parte resolutiva del fallo, me parece que es absolutamente peligroso, no solo en los términos de protección de la inversión (para lo que corresponde a los contratos de concesión) sino también en términos de seguridad vial. Con el mismo argumento, se caería el cobro en las garitas de Villa, San Bartolo y demás; conllevando el caos total para la vía.

La infraestructura vial a nivel nacional (carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, puentes, túneles, etc.), es una necesidad permanente para el correcto desarrollo de cualquier nación; y tan necesaria como su existencia, es el correcto mantenimiento de las mismas, puesto que de no realizarse este, ocurrirá el inevitable deterioro que corresponde por su uso; y con ello, no solo empezaremos sufrir limitaciones en el servicio, sino que además empezaremos a quedar expuestos al peligro de un número mayor de accidentes por su falta de atención.

Para evitar el deterioro de todas las infraestructuras, es necesario invertir dinero en el mantenimiento, el cual solo puede tener 2 fuentes:

1. Lo paga el estado desde los recursos que obtiene a través de la recaudación tributaria, y la correspondiente asignación del presupuesto, ó
2. Se cobra una cuota proporcional del mantenimiento (tasa) a todos los usuarios que se benefician de la misma; incluyendo los servicios agregados para la mejor operación, que se implementan con mejoras de calidad a través de las concesiones. 

La última metodología, no es creación o innovación del Perú, ocurre en la gran mayoría de vías del mundo, con resultados y beneficios más que razonables y positivos.

En el caso de una vía como la panamericana sur, sabemos que existe desde hace más de 60 años, y el cobro del peaje en el punto en cuestión, al menos desde que quien escribe tiene memoria; por lo que no se entiende, en qué medida el pago para la recepción del beneficio directo de unos usuarios/miembros de una población –que además goza de más de una vía alterna (no solo está la “antigua Panamericana”, sino también el acceso por Musa/Manchay)– resulta una afectación de sus derechos fundamentales. Peor aún, ¿Cómo es posible que los derechos de una fracción de usuarios que se benefician de la vía, pueden generar que todos los demás se vean expuestos a su deterioro por la falta de mantenimiento que directamente motiva el fallo judicial que nos ocupa? 

Por experiencia propia, sé de muchos casos en los que las autoridades reguladoras como Ositran y el propio MTC, autorizan cobros “diferenciados” de peajes en beneficio/compensación de las poblaciones que son aledañas a las garitas de cobro del tributo correspondiente, siendo así ¿Cómo es posible que se haya llegado al absurdo de tener una sentencia que ordena suspender el pago y el retiro de las casetas? ¿Quién es el Juez o tribunal que ha ordenado esta salvajada? ¿Acaso no ha pensado si se malogran o accidentan los vehículos en el que viajan pasajeros, no habrá grúa/ambulancia que recoja o ayude a los afectados, porque no se paga el servicio?

Si mañana desparecen a los guardavías y se produce un accidente con fallecidos por la falta de mantenimiento, podremos apuntar que fue producto del fallo en un fallo. Por último, supongamos que la justicia penal NO puede determinar la existencia de delitos en el origen del contrato, ¿Quién va reembolsar el dinero dejado de cobrar? ¿El juez? ¿La Municipalidad de Lurín?

Uno de los mayores problemas que tiene el Perú, es que la población se está acostumbrando a pedir de todo sin dar nada a cambio, ni mucho menos asumir el costo; y esto es porque existen autoridades y políticos demagogos/populistas que siguen incentivando ese criterio; o peor aún, que al amparo de un argumento moral, proponen dejar de pagar obligaciones que son básicas para la subsistencia del sistema, sin pensar en las consecuencias de ello.

Este fallo puede ser el gran ejemplo, de un mal ejemplo, pues si la idea es impartir justicia (Dar a cada quien lo que le corresponde), el juez pudo ordenar la reducción del pago del peaje, sólo en el monto que corresponde a la ganancia del concesionario, para no afectar la calidad del servicio. Sólo espero que la Municipalidad de Lima haya defendido los intereses de la mayoría, en lugar de allanarse al proceso.